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BOLETIN #5 Boliva
Por COLECTIVO DE APOY OA LA MOVILIZACI -
Wednesday, Feb. 12, 2003 at 5:11 PM
Asies_bolivia@yahoo.com
Una nube de gas era todo lo que se podía ver. Más, allá, cuando el viento dispersaba los lacrimógenos, se distinguían motos, policías apropiadamente vestidos y armados, camiones y un gran despliegue policial, activo, disparando.
La imagen correspondía a otro hecho más de represión por parte de la fuerza pública que buscaban cumplir con lo que parece ser su único y más preciado deber: reprimir cualquier manifestación de inconformidad a sangre y fuego. Esto no pasó en Santa Cruz, en donde se supone que se asienta el apoyo más fuerte al Gobierno y sus políticas, a juzgar por los constantes llamados al estado de sitio que hicieron durante las movilizaciones varios sectores empresariales de este departamento, pero también ocurrió en Cochabamba, Oruro, Chuquisaca, Potosí, La Paz.
Muertes por impacto de arma de fuego, detenciones ilegales, gasificaciones, torturas como mecanismo de investigación y obtención de información, violaciones de la autonomía de los campus universitarios, utilización de armas de fuego en lugar de antimotines, toda una serie de prácticas represivas y violentas para las cuales el Gobierno sólo tenía como respuesta sonrisas forzadas y declaraciones altaneras, o en el mejor de los casos evasivas. Pero las cifras hablan con más claridad, 14 muertos durante los bloqueos en cinco departamentos - 23 si contamos a las personas fallecidas en el accidente de tránsito tras la dispersión violenta de la marcha de los jubilados que terminó con cientos de ellos repartidos en varios buses que los llevarían, por la fuerza, a sus lugares de origen – 1.000 detenidos indebidamente y 100 heridos en todo el país, son los datos que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia denunció como claras violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno de Sánchez de Lozada. Además de los casos de censura e intervención gubernamental en el trabajo de los medios de comunicación con el fin de esconder y/o maquillar lo que sucedía a favor del Estado.
Según varios analistas, este uso ilegal de la fuerza pública por parte del Gobierno se debe a que las funciones policiacas y militares se han mezclado peligrosamente. Según lo que el sistema democrático establece, la policía es la encargada del orden público interno, mientras que las Fuerzas Armadas están encargadas de la seguridad nacional con relación a las amenazas externas por ello sólo interviene en los conflictos internos como última medida, cuando todas las vías posibles se han agotado. Pero esto no fue lo que sucedió. La militarización del Chapare se produjo desde antes de que comenzaran los bloqueos y la impunidad ante las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos fundamentales de cualquier ciudadano han quedado en meras quejas al viento; basta un ejemplo, no hay ni un solo acusado por las 14 muertes producidas. El Gobierno, por su parte, anuncia la indemnización a las viudas, nada más, ni investigaciones y mucho menos condenas para quienes ejecutaron u ordenaron todos estos excesos de fuerza.
Por ese silencio cómplice que establece un mojón más en la historia de la violencia estatal en las dos décadas de democracia en Bolivia la cual ha dejado 150 muertos, más de mil heridos y 10 mil detenidos, los ciudadanos comunes, de a pie, los que somos víctimas potenciales de esta violencia y su impunidad, alzamos nuestra voz de protesta, nuestra voz herida que exige un alto inmediato de la represión estatal. Que espera, con todo el derecho que le concede la Constitución y la ley que el Estado represor y violento dice proteger, poder expresar su descontento social y sus exigencias y propuestas para un futuro menos injusto para el país entero, sin temor a ser agredidos en su integridad física, económica y mental.
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