NARCOTRAFICO-TERRORISMO DE ESTADO-DEMOCRACIA MILITARIZADA
Por Samuel Blixen - Tuesday, Mar. 11, 2003 at 10:09 AM

Publicación conjunta de The Transnational Institute, Centro de Documentación e Información-Bolivia e Inforpress Centroamericana Guatemala, abril de 1997 Galardonado con el Premio Simón Bolivar 1997

En abril de 1996, cuando el proceso de negociación entre el gobierno mexicano y los dirigentes indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional cumplía dos años, el general Mario Renán Castillo, jefe de la fuerza de tarea Arco Iris desplegada en el estado de Chiapas, "descubría" depósitos de drogas en tres localidades: Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano, tres puntos geográficos equidistantes del Aguascalientes construido por los zapatistas.

Un mes después, el 19 de mayo, efectivos del grupo especial Ledin, del ejército mexicano, peinaron las faldas de los cerros entre los parajes Tianal y Sikiculum, en busca de "enervantes", según explicó el Instituto Nacional para el Combate de las Drogas. El ejército montó cuatro campamentos en los alrededores de Aguascalientes II, confirmando en cierta medida las denuncias zapatistas sobre una inminente ofensiva militar que, como a todo lo largo del proceso de negociación, actuaba como contrapunto de las intermitentes conversaciones de paz. El general Castillo desmintió la denuncia atribuyendo el despliegue de las tropas a la represión de un supuesto "cartel del Sureste", que operaria en los estados de Chiapas, Campeche y Tabasco.

A mediados de 1996, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunciaba que el norte de Chiapas "vivía un estado de guera civil latente"como consecuencia de la acción de grupos paramilitares: "Los Chinchulines" operando en el municipio de Chilón; "Paz y Justicia" en Sabanilla; el "Frente Civico Luis Donaldo Colosio" y la "Organización Juvenil Independiente" asolando Tila y Salto de Agua. Unos 600 campesinos fueron asesinados o desaparecieron en los últimos tres años a manos de las guardias blancas, entrenadas o apoyadas por los aparatos estatales de seguridad, según las denuncias de los organismos de derechos humanos.

Simultáneamente, en junio de 1996, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que otorgaría cinco millones de dólares suplementarios para un programa de capacitación de militares mexicanos en la guerra contra las drogas; y en agosto, el senador Jesse Helms levantó su veto a la propuesta del general Geoffrey McCafrey de ofrecer al ejército mexicano 50 helicópteros Huey HU-1H "usados", en carácter de donación; a cambio, el gobierno mexicano "aceptaba" que la flota de helicópteros quedara sujeta a un "monitoreo" estadounidense sobre su uso, y además autorizaba el sobrevuelo en territorio mexicano de aparatos de las agencias de seguridad pública, en especial el Servicio de Aduanas.

El vacío de la posguerra fría y el narcotráfico

Abstrayéndolos de los vaivenes del proceso de negociación en Chiapas, y de las estrategias de los actores, los episodios señalados son sumamente reveladores de una tendencia: la participación activa, operativa, del ejército mexicano en la represión del narcotráfico; la militarización creciente del Estado; la dependencia militar mexicana de los organismos de seguridad nacional estadounidenses; la instalación definitiva de una estrategia político-militar de contrainsugencia; y la aceptación del esquema que incorpora el concepto de "narcoterrorismo" para definir al "enemigo" sobre el que se desplomará una doctrina de la seguridad continental, que el Pentágono está empeñada en que sea adoptada por las Fuerzas Armadas latinoamericanas. El ejército mexicano, que por tradición y por los avatares históricos mantenía una exacerbada actitud "nacionalista" frente a Estados Unidos, secunda ahora una militarización que se escuda en la "guerra contra las drogas" para imponer una "democracia de la seguridad nacional".

En la óptica de vastos sectores sociales, políticos y militares latinoamericanos, de todas las opciones posibles, el "narcotráfico", y subsidiariamente el "narcoterrorismo", son consideradas como las más sospechosas y endebles para sustentar una estrategia que globalice en el continente los intereses de la seguridad nacional estadounidense, encarados simultáneamente desde los planos geográfico, económico y militar.

Para llenar un vacío de la posguerra fría, el narcotráfico, que si puede ser considerado como una amenaza para los procesos democráticos por su carácter corruptor a nivel político y desarticulador a nivel social, asume el rol que "el communismo" ocupó en los años 60 y 70 para justificar una política de intervención militar y de hegemonía económica.

La definición de un enemigo común, transnacional y lo suficientemente peligroso, es vital para el soporte de una strategia de hegemonía o de dependencia, según desde donde se lo mire. Como antes el communismo, el narcotráfico definido como principal enemigo de los procesos democráticos, tiende a enmascarar la causa primera de la desestabilización latinoamericana: las profundas injusticias sociales y los niveles insoportables de marginación y pobreza que engendran las recetas económicas neoliberales.

Así como el "narcoterrorismo" es una generalización burda para explicar los estallidos sociales, las rebeldías, las violencias y las insurgencias, el "narcotráfico" resulta una justificación fácil y cromada para el despliegue de las estrategias militaristas.

En toda América Latina, y en un abanico de sectores que incluye partidos progresistas, iglesia y organizaciones sociales, la definición del narcotráfico como amenaza principal de los procesos democráticos alimenta fuertes sospechas, entre otras razones por los profusos antecedentes que vinculan la comercialización de drogas con la financiación de operaciones encubiertas impulsadas por la CIA y otros organismos estadounidenses ejecutores de políticas de seguridad nacional.

Huellas de un pasado reciente

En ese sentido, el esquema que se reproduce en México guarda en su génesis grandes similitudes con la historia reciente de América Central, donde las estrategias de contrainsurgencia fomentaron la aparición de los grupos paramilitares, y los objetivos políticos desplegaron un terrorismo de Estado que no vaciló en acudir al narcotráfico como fuente de financiamiento. La denuncia sobre la presencia de asesores militares argentinos operando con las fuerzas desplegadas en Chiapas, que a su vez revisaron como asesores en El Salvador, Honduras y Guatemala en la década de los 80, sugiere la supervivencia de un sistema de coordinación a nivel de inteligencia militar, de carácter secreto y clandestino, que amenaza con la reproducción de una "moral de la seguridad nacional".

Aunque oficialmente aún no se ha reconocido la responsabilidad institucional en el terrorismo de Estado que se expandió por América Latina, las investigaciones periodísticas y de organismos de derechos humanos han recopilado un cuerpo de información que revela la existencia de una trama continental de coordinación en la que el ejército argentino ocupó un papel protagónico en algunos de los episodios clave.

Reinvindicando un experiencia exitosa y efectiva en la guerra sucia contra la "subversión" a partir del golpe de Estado de marzo de 1976, los mandos de la inteligencia militar asumieron desde 1978 misiones de asesoramiento a organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y a grupos de extrema derecha en Centroamérica. El entonces comandante del Primer Cuerpo de Ejército, general Guillermo Suárez Masón, promovió la creación del Grupo de Tareas Exterior (GTE) del Batallón 601, aparato de inteligencia militar vinculado a la SIDE (Secretaría de Información del Estado). Los destacamentos de militares y agentes argentinos tendrían dos misiones simultáneas: asesorar a los aliados centroamericanos y perseguir a los exiliados argentinos, en especial a los grupos montoneros.

Hasta donde se ha podido confirmar, las relaciones entre los aparatos de inteligencia militar argentinos y los grupos de extrema derecha centroamericanos parten de los contactos realizados por la organización neofascista italiana Avanguardia Nazionale. El vínculo se fecha en épocas tan tempranas como 1973, cuando el terrorista italiano Stephano Delle Chiaie comenzó a operar en Argentina a nombre de la DINA chilena, la policía política del régimen de Augusto Pinochet, dirigida por el entonces coronel (hoy general procesado) Manuel Contreras.

Delle Chaie, que coordinaba sus actividades con el agente chileno (y presunto agente de la CIA) Michael Townley (condenado en Estados Unidos por el asesinato del excanciller Orlando Letelier) ofició de enlace con el salvadoreño Roberto D'Aubisson para las primeras misiones de asesoramiento. Hasta 1980, los asesores argentinos que se desplegaron en El Salvador y Guatemala e instruyeron a los grupos paramilitares en la modalidad de los secuestros extorsivos, como fuente de financiamiento de las operaciones clandestinas.

La organización del golpe de Estado que, en junio de 1980, instaló en el poder al general Luis García Meza en Bolivia dio un vuelco cualitativo en las fuentes de financiamiento de las bandas paramilitares en Centroamérica. Diversos investigadores de la génesis de la "narcodictadura" boliviana consignan que la asistencia argentina, en armas y en personal militar -400 asesores- fue producto de un pacto que permitió a los carteles de la droga financiar el golpe. La decisión de los narcotraficantes bolivianos de respaldar a los militares y de garantizar la expansión de su negocio desde el poder, había sido detectada por la estación de la DEA en Buenos Aires, en marzo de 1980, según las revelaciones del ex agente Michael Levine; pero la CIA y la DEA ocultaron la información para no entorpecer el proceso.

El contacto con los militares argentinos fue el coronel Luis Arce Gómez, después ministro del interior de la dictadura (hoy preso en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico). Arce intercedió ante su primo, el narcotraficante Roberto Suárez, para establecer un mecanismo de tráfico de drogas y lavado de dinero que contaría con la cobertura de los asesores argentinos en Centroamérica. A cambio, los narcotraficantes bolivianos financiarían a las bandas paramilitares de la región. El pacto se realizó en Bolivia entre Arce, Suárez, Stephano Delle Chiaie y el teniente coronel Hugo Miori Pereyra, integrante del contingente argentino en Bolivia y delegado del general Suárez Mason.

Miori auxilió a Delle Chiaie para montar, en Bolivia, un escuadrón terrorista denominado "Novios de la Muerte". Ese escuadrón, al que estuvo vinculado el criminal nazi Klaus Barbie y que coordinaba con el Servicio Especial de Seguridad, indistintamente instruía a soldados bolivianos en las técnicas de tortura a detenidos y brindaba protección al comercio de la cocaína. (La vinculación de los asesores argentinos con este escuadrón de la muerte ofrece otra pista paralela de la relación con el narcotráfico: el testimonio de la narcotraficante boliviana Sonia Altalá ante un jurado estadounidense, afirma que los "Novios de la Muerte" eran mantenidos por la organización de tráfico que dependía del ministro Arce Gómez).

La relación entre narcotraficantes y paramilitares adquirió otra dimensión poco después del golpe de García Meza, tras los acuerdos del cuarto congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana (CAL), filial de la World Anti-Comunist League (WACL), que se realizó en Buenos Aires. Presidida por Suárez Masón, estuvieron presentes el presidente de la WACL, Woo Jae Sung, miembro relevante de la Secta Moon; representantes de la logia masónica italiana Propaganda Due, delegados del ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza y de la organización terrorista anticastrista Alpha 66; el salvadoreño Roberto D'Aubisson, el neofascista guatemalteco Mario Sandoval Alarcón y el terrorista italiano Delle Chiaie, entre otros. John Carbaugh, asistente del senador Jesse Helms, y Margo Carlisle, ayudante del senador James McClure, participaron como observadores.

Suárez Mason fundamentó la necesidad de desarrollar la lucha anticomunista en América Central, para contrarrestar al sandinismo triunfante. La WACL aportó 8 millones de dólares para los gastos iniciales de un destacamento de asesores argentinos que se trasladó a Centroamérica. Según algunas fuentes, el dinero provenía de fondos secretos manejados por la CIA. El coronel argentino Josué Osvaldo Ribeiro, alias "Balita", fue el responsable máximo de los destacamentos del Grupo de Tarea Exterior en Centroamérica. El teniente coronel Miori ofició de "correo". Se le atribuye un rol fundamental en la instrumentación del tráfico de drogas que fluyó hacia El Salvador. La cocaína era transbordada en las bases de la Fuerza Aerea salvadoreña y derivada hacia Estados Unidos. Parte de la droga financió los escuadrones de la muerte montados por el mayor D'Aubisson.

Los grupos paramilitares guatemaltecos fueron asesorados por el teniente coronel Santiago Hoya, alias "Santiago Villegas". Hoya y el coronel Ribeiro tuvieron una decisiva participación en los orígenes de lo que después se conoció como el escándalo Iran-Contras.

Ribeiro, a quien se le atribuye una participación protagónica en la desaparición de exiliados en el marco de la "Operación Condor", así como la modernización de los servicios de inteligencia en Paraguay, trasladó las experiencias de coordinación realizadas en Argentina con militares uruguayos, chilenos y paraguayos. Desde su cuartel general en el hotel Honduras Maya, de Tegucigalpa, Ribeiro comenzó la coordinación con los exiliados de la Guardia Nacional somocista, mientras Hoya, como "jefe de operaciones", dirigía la instalación del campo de entrenamiento llamado Sagitario, en las afueras de Tegucigalpa, y del campo de concentración clandestino conocido como "La Quinta". Hoya y Ribeiro estrecharon contactos con el general Gustavo Alvarez Martínez, jefe de la G2 del ejército hondureño, con el ex capitán de la Guardia Nacional somocista Emilio Echaverry y con los líderes "contras" Arístides Sánchez, Enrique Bermudez y Frank Arana.

Testimonios recabados en comisiones del Congreso de Estados Unidos revelan que la CIA había delegado en los asesores argentinos presentes en Centroamérica la organización de la nicaragüense antes de que el Consejo de Seguridad Nacional instrumentara la orden secreta del presidente Ronald Reagan para superar el escollo de las prohibiciones impuestas por el Congreso. Ribeiro y Hoya tuvieron un protagonismo destacado en las negociaciones que culminaron en la creación de la segunda dirección colectiva de los "contras", tras la transformación de la Legión 15 de setiembre, integrada por exguardias somocistas, en la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN).

El salto cualitativo: Irán-gate

El detalle de las actividades argentinas en Centroamérica, su papel de coordinación y la forma en que fueron confluyendo los intereses de las dictaduras argentina y boliviana con los intereses del Consejo de Seguridad Nacional, fue complementado recientemente con la investigación del San José Mercury News, de Los Angeles, sobre la participación de la CIA en el ingreso de droga a Estados Unidos para financiar el suministro clandestino de armas a la contra.

Según dicha investigación, uno de los "ahijados" preferidos de los asesores argentinos, el coronel somocista Enrique Bermudez, provocó el salto cualitativo en el flujo de dinero en grandes cantidades para la compra de armamento y pago de los mercenarios, cuando autorizó a dos conciudadanos, Danilo Blandón y José Norwin Meneses, a montar el esquema de tráfico de drogas utilizando la incipiente estructura de la FDN en Los Angeles.

La investigación reveló que la droga distribuida en Los Angeles (y a la que el San José Mercury News atribuye el origen del boom del crack entre la población negra) era depositada en las bases aéreas salvadoreñas y desde allí trasladada en avionetas hasta aeropuertos de Texas, con la protección de la CIA. A fines de 1981, la estructura había logrado contrabandear una tonelada de droga. Blandón, quien actualmente cobra sueldo del gobierno estadounidense como agente especial de la DEA, admitió que entre 1981 y 1988 se llegó a introducir hasta 100 kilos de cocaína semanales.

La coincidencia de fechas, actores y lugares geográficos permite sugerir que parte de la droga manipulada por Blandón, con la autorización de la CIA, era abastecida por los narcotraficantes bolivianos, aún después del derrocamiento de García Meza en Bolivia, y de la restauración democrática en Argentina en 1983.

Los argentinos fueron también los pioneros de la estructura que después utilizó el gobierno de Ronald Reagan para canalizar la ayuda encubierta a los contras. Los agentes del Batallón 601, Raul Guglielminetti, alias "Mayor Guastavino", Leandro Sánchez Reisse, alias "Lenny", y Jorge Franco, alias "Fiorito", se especializaron en el lavado de dinero de los fondos provenientes del narcotráfico. Franco viajó en dos oportunidades a Centroamérica, una de ellas con su identidad real. Calificado como experto en finanzas, Franco figura como "desaparecido" en las listas del Instituto de Obras Sociales del Ejército, pero se sospecha que por lo menos hasta 1987 permanecía en Centroamérica.

Leandro Sánchez Reisse es el único de los miembros del GTE que ha confesado la vinculación de los asesores argentinos con el narcotráfico para la financiación de las operaciones encubiertas. De profesión contador, fue detenido en Ginebra, Suiza, en 1982, cuando intentaba cobrar el rescate del banquero uruguayo Carlos Koldobsky, secuestrado en Buenos Aires. En 1985 logró fugarse del presidio de Champ Dollon. Se refugió en Estados Unidos, bajo la protección de la CIA. Para evitar la extradición solicitada por el gobierno de Raúl Alfonsín, Sánchez Reisse se ofreció para testimoniar ante la subcomisión de Terrorismo, Narcóticos y Operaciones Internacionales del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Sánchez Reisse reveló, en fechas tan tempranas como 1987, que el general Suárez Masón y el sector del ejército bajo su mando recibió dinero del narcotráfico para financiar la lucha contrainsurgente en América Central. Explicó que dos empresas montadas en Miami, una llamada Argenshow, dedicada a la contratación de cantantes para giras latinoamericanas, y otra llamada Silver Dollar, en realidad una casa de empeño dirigida por Raúl Guglielminetti, fueron las dos pantallas para la manipulación del dinero. Admitió que Silver Dollar y Argenshow habían canalizado 30 millones de dólares del narcotráfico que fueron girados vía Panamá hacia Suiza, Lichtenstein, Bahamas e Islas Cayman. El dinero, dijo, terminó en manos de los contras nicaragüenses.

Reveló también que la CIA estaba al tanto de las actividades de las dos empresas de Florida desde mediados de 1980 y que dio su visto bueno para las operaciones de lavado. El contador del Batallón 601 reveló al subcomité del Senado la participación argentina en los prolegómenos del Irán-gate. Confesó que un argentino, implicado en el secuestro, en 1977, de Luchino Revelli Beaumont, director de Fiat en Francia, propuso a la CIA, por intermedió de Anthony Mac Donald, presidente del First City Federal Bank de Nueva York, contratar a cincuenta mercenarios argentinos para infiltrarse en Irán e intentar el rescate de los 52 rehenes estadounidenes en poder de Jomeini. El plan no prosperó por las exigencias de los argentinos sobre los seguros de vida, según Sánchez Reisse.

La empresa Silver Dollar sirvió de pantalla para los primeros suministros de armas a los contras. Las transacciones iniciales se realizaron por intermedio de Norman Faber, un socio del entonces director de la CIA, William Casey, en otra empresa fantasma "Hold-Dicker" que sirvió para desviar dinero a los contras.

Se presume que en fechas tan tempranas como 1982, George Morales, un traficante colombiano nacionalizado estadounidense, operó con los asesores argentinos en el contrabando de armas hacia El Salvador, con destino a la contra, en vuelos realizados con los aviones de su empresa de taxi aéreo Aviation Activities Corporation, de Miami. Los aviones eran autorizados por la CIA para regresar con cargamentos de cocaína, siempre que se donara un porcentaje para la contra. Morales declaró al abogado Jack Blum, asesor del Subcomité, que derivó unos cuatro millones de dólares.

Junto con Sánchez Reisse y con Raúl Guglielminetti, operó en Centroamérica, especializado en cuestiones financieras, otro agente de la SIDE, Juan Martín Ciga Correa, alias "mayor Santamaría", de vasta filiación ultraderechista. Ciga Correa está procesado y con captura solicitada por la justicia argentina, por el asesinato, en 1974, del ex comandante del Ejército chileno, Carlos Prats Gonzalez; también ofició de enlace entre los agentes de la DINA chilena Michael Townley y Enrique Arancibia Clavel, y la organización de ulraderecha Triple A, para la planeación y ejecución del atentado contra Prats y su esposa. Ciga se involucró además con Guglielminetti en negocios de tráfico de armas y en secuestros extorsivos realizados en Costa Rica. Actualmente se lo identificó como asesor de los escuadrones paramilitares que operan en ciertas regiones del estado de Chiapas.

Argumentos insostenibles

Si, como sugiere la "conexión argentina", el vasto esquema del narcotráfico como fondo fiduciario de las operaciones encubiertas está intimamente vinculado a una estructura de coordinación de aparatos militares de inteligencia, las actuales propuestas de militarizar la guerra contra la droga quedan seriamente descalificadas en su objetivo explícito, por los vínculos y los compromisos anudados a lo largo de los años.

Tanto el narcotráfico como otras actividades delictivas llamadas "comunes", fueron fundamentadas política e ideológicamente y asumidas en el marco de la impunidad que brindaban las dictaduras militares al terrorismo de Estado.

No existen elementos que aseguren un cambio radical y efectivo en esa política; y la insistencia con que se impulsa el concepto de "narcoterrorismo" para fundamentar una estrategia contrainsurgente y de militarización en América Latina, más el recrudecimiento de la acción de grupos paramilitares, augura una pervivencia de aquellos marcos ideológicos y políticos.

Máxime cuando, en términos generales, se verifica una incapacidad de las nuevas democracias para depurar los cuadros militares y policiales involucrados, por un lado, en violaciones a los derechos humanos, y, por otro, en episodios de narcotráfico, secuestros extorsivos y otros delitos "comunes".

Fuentes

Carlos Juvenal: Buenos Muchachos. La industria del secuestro en Argentina.
Elisabeth Reimann: Confesiones de un contra.
Martin Andersen: Dossier Secreto. El mito de la guerra sucia.
Michael Levine: La guerra falsa.
Jeffrey Robinson: The Laundrymen.
CONADEP: Nunca más.
Claudio Díaz y Antonio Zucco: La ultraderecha argentina.
Juan Gasparini: La pista suiza.
Horacio Vebitky: La posguerra sucia.
Enrique Yeves: La contra, una guerra sucia.
Gabriel Pasquino y Eduardo de Miguel: Blanca y radiante.
Fredreric Laurent: L'orchestre noir.
Gustavo Sánchez Salazar: Barbie, criminal hasta el fin.
Juan José Salinas: "Los mercenarios. Contras y carapintadas", en revista El Porteño, No.79.
Semanario Madres de Plaza de Mayo, números 65 al 98.
San José Mercury News: "Crack plagues roots are in Nicaraguan war", ediciones del 18,19 y 20 de agosto de 1996.
Carlos Fazio: El tercer vínculo, editorial Joaquín Mortiz, México, 1996.

www.tni.org/drogas/folleto1/indice1.htm

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