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Tambogrande: hay que escuchar su voz
Por Por HUMBERTO CAMPODÓNICO - Friday, Oct. 31, 2003 at 12:19 PM

¿Qué sucedería si una empresa minera, digamos Manhattan Minerals, descubriera oro en el exclusivo distrito de San Isidro? Este yacimiento tendría 900,000 onzas de oro, 10 millones de onzas de plata, 1,500 millones de libras de cobre y 900 millones de libras de zinc. A los precios actuales valdrían US$ 1,600 millones.

El proyecto exigiría la reubicación de miles de vecinos. Pero los vecinos no querrían dejar su distrito pues desearían seguir realizando sus actividades habituales. Además, argumentarían que la mina utilizaría buena parte del agua del distrito y existiría el peligro de que los relaves contaminen al propio distrito y los aledaños.

Estaríamos frente a un "impasse". ¿Cómo se resolvería? De acuerdo a la legislación vigente, Manhattan presentaría un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que sería observado, aprobado o rechazado por el Ministerio del Energía y Minas, previa realización de talleres con los vecinos para conocer sus aportes y observacione s. Imaginemos que los vecinos no quieren asistir a los talleres previos, los que se frustran por su no asistencia. Así las cosas, el MEM los programa en el Estadio Nacional, para asegurar su realización.

Si cambiamos algunos nombres, tenemos un caso real. Tambogrande (en el valle de San Lorenzo en Piura) es San Isidro; el cultivo de limones (el 40% de la producción del país) y mango son sus actividades habituales; los talleres frustrados se iban a realizar en Cruceta, Locuto, Tambogrande y Ocoto Alto; y el Estadio de Sullana "Campeones del 36" es el Estadio Nacional. La audiencia pública se va a realizar hoy jueves a las 10am.

Agreguemos dos hechos: uno, que Manhattan entró a la zona con decretos dados por el fujimontesinismo y por el propio ex alcalde distrital al darle permiso a la empresa para explorar en la zona urbana, lo que está expresamente prohibido por ley; dos, que Tambogrande es solo la punta del "iceberg", pues en la misma zona hay denuncios de P helps Dodge, Buenaventura y otras empresas.

Nos encontramos frente a un problema de democracia y gobernabilidad. De un lado, el gobierno afirma que existe el derecho del inversionista minero de explotar los recursos donde los encuentre. De otro lado, en junio del 2002 se realizó un referéndum en que el 98,2% de la población se pronunció en contra de la explotación minera. No quieren el modelo primario exportador, sino cultivar la tierra y exportar mangos. ¿No es lo que dijo la Dra. Merino en su discurso de junio del 2003?

Pero en el MEM dicen: "mientras no haya un cambio en la Constitución, las audiencias públicas y los referéndums, así como la consulta vecinal de junio del 2002, no tendrán carácter vinculante; por tanto los recursos naturales del subsuelo están bajo la tutela del Estado y es él quien determina qué se hace con esos recursos" (Radio Cutivalú de Piura, 15/10/2003). ¿No se asemeja esto como una gota de agua a los argumentos de Sánchez de Lozada e n Bolivia con respecto al gas de Tarija? Ojo que ya han habido brotes de violencia (que pueden empeorar), como cuando la población quemó las oficinas de la Manhattan.

¿Es que el gobierno va a imponer al caballazo, con violencia incluida, los resultados del EIA si los considera favorables? Mucho cuidado con echar leña a la hoguera. En verdad, la voluntad democrática de la población está por encima del resultado del EIA. Los tambograndinos tienen todo el derecho de seguir viviendo en su ciudad, como lo han expresado democráticamente.

Felizmente, el ministro Hans Flury acaba de decir que "como están hoy las cosas, será difícil que ese proyecto siga adelante". Esperemos que siga en ese camino. Nunca es tarde para la democracia.

Diario La Republica (Perú), 23 de Octubre del 2003.

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