| versión para imprimir - envía este articulo por e-mail |
Chubut: Pronunciamiento de la Comisión Diocesana "Justicia y Paz"
Por re ((ivpress)) -
Monday, Nov. 03, 2003 at 11:50 AM
«Sólo cuando las comunidades aborígenes de nuestra región estén protegidas contra todo despojo posible se habrá dado un paso necesario para alcanzar el ideal de una Provincia consolidada en la solidaridad, la hermandad y la paz», afirmó ayer la Comisión Diocesana «Justicia y Paz».
En un pronunciamiento que cuenta con la anuencia del obispo de Comodoro
Rivadavia, monseñor Pedro Ronchino, la institución católica recordó que «hace unos pocos años el Estado Nacional ha dado un paso reivindicativo muy importante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos aborígenes, sus comunidades y organizaciones: el nuevo texto del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional reconoció en 1994, de un modo categórico los derechos y estableció un nuevo marco de relación, basado en el respeto a la
preexistencia étnica y cultural.
Similar camino recorrió la Provincia del Chubut al incorporar en su Art. 34
del mismo año un artículo que reconoce diversos derechos para las
comunidades aborígenes». «Dentro de estos derechos -agrega-, uno de singular importancia es el que se refiere a la propiedad y posesión comunitaria de las tierras ocupadas ancestralmente y el derecho de obtener la entrega de
otras, que sean aptas y suficientes para el desarrollo humano».
Manifestó la Comisión Diocesana que «diversos hechos ocurridos en nuestra
Provincia nos alertan porque configuran un estridente contraste con las
declaraciones legales mencionadas. Particularmente nos afligen las
situaciones de violencia y amenaza de despojo que están viviendo comunidades y pobladores de nuestra Provincia, y de las que la sufrida por la Familia Fermín en la comunidad de Vuelta del Río es uno de los penosos ejemplos de violación del marco legal al que aludíamos».
«Entendemos que el camino del reconocimiento efectivo de los derechos
indígenas sólo puede transitarse con un esfuerzo claro de parte de todos los
actores involucrados, tanto desde el Estado como de las comunidades y
particulares, sobre la base de que la tierra no puede ser considerada
simplemente como una mera mercancía», se indicó.
«Es preciso exigir al máximo que la actuación de los poderes públicos tenga
como objetivo la protección de los derechos de los aborígenes, cumpliendo
los preceptos constitucionales. De esta manera se erradicaría la percepción
de que su gestión pudiese tender a convalidar la usurpación de espacios
tradicionalmente ocupados por los aborígenes», agrega finalmente el
pronunciamiento.
Fuente: Diario El Chubut, 23 de octubre 2003.