Colombia: Atropellos del ejército afectan a Êbera Katíos
Por Cabildos Mayores del Sinú y Verde - Monday, Nov. 17, 2003 at 8:37 PM
katio@escarsa.net.co

DENUNCIA PÚBLICA EN CONTRA DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DEL EJERCITO COLOMBIANO EN CONTRA DEL PUEBLO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

CABILDOS MAYORES DEL RÍO SINÚ Y RÍO VERDE
RESGUARDO EMBERA KATÍO DEL ALTO SINÚ

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Los Cabildos Mayores Embera Katío de Río Sinú y Verde, denunciamos las acusaciones, intimidaciones, amenazas, abusos y presiones de las que han sido objeto miembros de nuestras comunidades por parte del ejercito nacional colombiano en clara violación de los derechos humanos, los principios del derecho internacional Humanitario, los acuerdos internacionales suscrito por el estado colombiano como el convenio 169 de la OIT, y los acuerdo nacionales suscritos entre el pueblo Embera Katío y el estado colombiano, específicamente los acuerdos del 19 de abril de 2000.

Los hechos que ilustran estas violaciones son los siguientes:

· Entre el 25 y 26 de octubre hicieron presencia miembros del ejército colombiano en la comunidad de Simbra, en su permanencia solicitaron la venta de gallinas. Cuando los dueños de las gallinas explicaron que no podían venderlas porque estaban destinadas a proveerlos de huevos diariamente, el ejército con una actitud intimidante, intentó cogerlas por la fuerza y sólo desistieron de su intento cuando el gobernador de la comunidad les dijo que acudirían a las autoridades del Cabildo Mayor y a las instituciones de derechos humanos para denunciar este hecho.

· En la comunidad de Dozá llegaron alrededor de 24 uniformados del ejercito preguntando por el gobernador de la misma. Una vez éste se identificó, el sargento AVILEZ que al parecer era quien comandaba la tropa, solicitó colaboración para que los ayudara a ubicarse geográficamente y les indicara el mejor camino para dirigirse a otro punto. Igualmente un soldado le dijo a nuestro gobernador “que le dijera a la guerrilla que saliera del territorio porque aquí no queremos pelear sino que estamos cumpliendo la palabra del gobierno”.

· En la comunidad de Porremia el ejercito llegó diciendo que su presencia era en nombre del gobierno nacional que los había mandado a protegerlos y combatir a los malditos guerrilleros que los maltratan y les roban las gallinas y los cerdos. Sin embargo, cuando la comunidad manifestó que no podía vender gallinas porque estaban destinadas a la alimentación de las familias de la comunidad, tomaron sin autorización y por la fuerza una gallina.

· En la comunidad de Imamadó el ejercito permaneció durante 9 días comprendidos entre el 17 y el 25 de octubre. El ejercito llegó preguntando si los indígenas conocían los guerrilleros y si sabían donde estaban, cuando la comunidad respondió que no tenían información al respecto, el ejercito manifestó que ya sabían que los indígenas tenían una sola voz frente a ese tema pero que ellos seguirían buscando y si encontraban al menos el rastro de guerrilleros permanecerían en las comunidades alrededor de cuatro meses y si “toca maltratarlos a ustedes lo hacemos”.

· En la misma comunidad de Imamadó los soldados solicitaron en actitud agresiva y amenazante a un miembro de la comunidad que les diera algo de comer pues llevaban tres día sin comer nada y el capitán OSPINA le increpó que a los “indios les gusta colaborar con la guerrilla, vendiendo vacas, gallinas y otros alimentos, pero si nosotros los maltratamos a ustedes por eso, encima nos caen los derechos humanos y las ONG, pero atrás de nosotros vienen otras tropas que no perdonan ni les importa nada de eso, ustedes saben quienes son” . Esto ultimo fue enfatizado especialmente y acompañado de gestos demostrativos de las prácticas utilizadas por los paramilitares en su accionar. Complementando las palabras y gestos de su capitán, uno de los soldados dijo que él “había trabajado con los paramilitares en Barranquilla y que lo que mas le gustaba era cortar cabezas, pero que ahora andando con el ejercito ya no podía hacer eso”.

· Otro miembro de nuestro pueblo fue interceptado por soldados cerca de la quebrada Chocó. Uno de los soldados lo interrogó de dónde venía, en qué medio de transporte y dónde estaba la canoa pues él no la veía. Otro soldado llegó haciéndose pasar por conocido de nuestro hermano indígena e intentando confundirlo empezó a decirle que si no se acordaba de él, que si “todavía trabajaba con el mismo grupo que siempre hemos venido trabajando” que si “todavía tiene la misma pistola”. Pese a que el indígena le respondía no conocerlo el soldado siguió instigándolo por un tiempo más.

Estos hechos constituyen una irresponsable actitud de involucramiento de nuestro pueblo en el conflicto en flagrante violación del principio de distinción del derecho Internacional Humanitario, del convenio 169 de la OIT que en su articulo 3 manifiesta expresamente que “Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación” y que “No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos...” y lo contemplado en el acuerdo del 19 de 2000 en el sentido de que el gobierno se abstendrá de tomar medidas “que puedan ser entendidas como formas de involucramiento en el conflicto armado” y que el gobierno nacional ordenará a sus funcionarios “que se abstengan de hacer señalamientos, falsas imputaciones, afirmaciones descalificadoras o que estigmaticen la labor de defensa y promoción de sus derechos, contra los líderes, gobernantes y asesores del Pueblo Ĕbĕra Katío o que involucren a estos y a las comunidades Ĕbĕra Katío con actores armados en la región”

Queda demostrado entonces que en cumplimiento de las ordenes del gobierno y la política de seguridad democrática, el ejercito manifiesta su disposición a maltratar a miembros de la población civil en “caso de ser necesario” para obtener información o colaboración. Las expresiones y acciones del ejercito en cabeza de un sargento y un capitán demuestra que estas violaciones no pueden ser interpretadas como actitudes individuales de soldados de la tropa. La acusación directa realizada por el capitán OSPINA, además de constituirse en una clara violación de los derechos fundamentales, del derecho internacional humanitario y de los acuerdos del 19 de abril de 2000, pone en grave riesgo a nuestros gobernadores, líderes y las comunidades en general. La falacia con la que un soldado quiso pasarse como amigo de nuestro hermano indígena, valiéndose del escaso conocimiento que éste tiene sobre el castellano para confundirlo y probablemente lograr una autoacusación infundada, no solo demuestra la perversidad del método sino que contiene una acusación velada que pone en riesgo su seguridad e integridad.

De igual manera, la amenaza que el mismo capitán OSPINA hace sobre que detrás “de nosotros vienen otras tropas que no perdonan ni les importa nada de eso, ustedes saben quienes son” y las afirmaciones del soldado sobre su trabajo anterior con los paramilitares en Barranquilla, además de ser un claro mecanismo de terror para atemorizar y coaccionar a nuestro pueblo, deja ver la disposición omisiva o permisiva de este capitán hacia el paramilitarismo, lo que nos hace temer desde ahora que se pueda propiciar y desatar próximamente una incursión paramilitar en nuestro territorio.

Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre estos preocupantes hechos y desde ya manifestamos nuestro temor de que se sigan presentando y profundizando y que la violación a nuestros derechos fundamentales y al derecho internacional humanitario se agraven de ser aprobado el estatuto antiterrorista propuesto por el gobierno.

Reiteramos una vez más a todos los actores armados nuestra indeclinable posición adoptada en la Declaración de Sambudó en 1999 de mantenernos al margen del conflicto armado y rechazamos toda coerción que viole nuestra autonomía y el derecho a nuestra autodeterminación. Al gobierno nacional reiteramos lo que de manera insistente hemos dado a conocer y que públicamente manifestamos a su exministra de defensa Marta Lucía Ramírez el pasado 9 de octubre en su Consejo de Seguridad, en cuanto que no queremos militarización de nuestro territorio, creación de batallones de alta montaña en el mismo, ni soldados indígenas o campesinos o el reclutamiento de miembros de nuestro pueblo.

Convocamos de manera urgente y prioritaria a que la Comisión Mixta se manifieste sobre estos hechos, a que gestione una pronta y adecuada respuesta por el gobierno nacional para que cesen estas hostilidades, presiones y vejámenes del ejercito colombiano sobre nuestro pueblo, a que se inicien las investigaciones pertinentes, se establezca responsabilidades en la comisión de estos hechos y para que de manera urgente y prioritaria haga presencia en nuestro territorio.

Hacemos un nuevo llamado a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, organizaciones sociales, organizaciones para la protección de los Derechos Humanos, organizaciones indígenas, movimientos ambientalistas e indigenistas y a todos los amigos del pueblo Êbêra Katío y en general a los defensores de la vida para que se pronuncien en contra de estos abusos cometidos por el ejercito de Colombia, presionen al gobierno nacional que en medio de su política de seguridad democrática termina privilegiando las acciones violentas y de fuerza en detrimento de los derechos fundamentales, la integridad física y moral de las personas y los pueblos, para que ordene cesar las incursiones y acosos militares del ejercito en nuestro territorio y que de no cesar estos, responsabilizamos públicamente al presidente Alvaro Uribe Vélez como comandante supremo de la fuerzas militares del país por la suerte futura de nuestro pueblo en materia de Derechos Humanos.


Tierralta, noviembre 12 de 2003

CABILDOS MAYORES EMBERA KATIO DE RIO VERDE Y RIO SINU

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