RECHAZAMOS

La presencia militar en el territorio indígena por parte del Ejercito nacional, iniciada el día de ayer, 22 de octubre del 2002, en la boca del río Verde y hoy en la comunidad de Amborromia, Río Sinú, porque constituye un factor de riesgo para la seguridad de los miembros del Pueblo Embera Katío del Alto Sinú y su permanencia en el territorio ancestral.

DENUNCIAMOS

Que el Gobierno Colombiano no consulto a los Cabildos Mayores de Río Sinú y Río Verde, sobre la conveniencia de los operativos militares, a pesar de ser legitimas autoridades indígenas del territorio; haciendo caso omiso de la voluntad de nuestras comunidades en la voz de sus lideres, orientadas siempre hacia la solicitud de acompañamiento humanitario permanente en la zona, pactado en el acta de acuerdos del 19 de abril del 2000, solicitado por la Defensoría del Pueblo mediante Resolución Defensorial Nº 013 del 2001 y pedido específicamente al Gobierno en la propuesta de protección al pueblo Embera Katío del Alto Sinú, presentada desde el mes de mayo del presente año, sin que hasta la fecha haya sido respondida; contrario a lo dispuesto en las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos humanos desde el 4 de junio del 2001, donde claramente se pide al Gobierno:

"2. Adoptar las medidas necesarias para proteger a los demás miembros de la Comunidad Indígena Embera Katío del Alto Sinú, de común acuerdo con los peticionarios."

Que el Gobierno Colombiano, contrario a la voluntad de nuestras autoridades indígenas, voceras del querer de las comunidades, ordena operativos militares en territorio del resguardo, desconociendo e irrespetando las múltiples gestiones institucionales de los Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde durante los últimos TRES AÑOS, en los que claramente se ha solicitado en reiteradas ocasiones y a través de diferentes instrumentos, nacionales e internacionales, ACOMPAÑAMIENTO HUMANITARIO EN TERRITORIO, como estrategia de protección para nuestro pueblo, oponiéndonos a cualquier tipo de respuesta armada que involucre a los indígenas en el conflicto y ponga en peligro su supervivencia.

EXIGIMOS

1. Al Gobierno Colombiano, que ordene inmediatamente, la suspensión de todo operativo militar en el territorio indígena, entendiendo que éste significa el grave involucramiento de los indígenas en el conflicto armado, contrario a la declaración publica de las autoridades indígenas de los ríos Sinú y Verde y Comunidad de Beguidó, frente a la situación de orden publico, reunidas en la Comunidad de Sambudó del 8 a 11 de abril de 1999, donde claramente se solicita en el numeral dos:

"Otra vez le decimos a los actores armados legales e ilegales que salgan de nuestros territorios, que no los conviertan en campos de guerra, que no hagan presencia en ellos."

2. Al Gobierno Colombiano, que cumpla y respete el acuerdo suscrito y firmado el 19 de abril del 2000 en materia de Derechos Humanos, donde claramente se compromete a cumplir con su deber indelegable de velar por la integridad de las comunidades, lideres, gobernantes y asesores, a través de medidas propuestas y consideradas como fundamentales por nuestras comunidades, para preservar la integridad del pueblo Embera Katio.

3. Al Gobierno Colombiano, que respete y cumpla el compromiso de concertar cualquier medida de protección al pueblo Embera Katio con su gobierno indígena, respetando el derecho a la autonomía salvaguardado en la Constitución Política de Colombia y el acuerdo 169 de la OIT.

4. Al Gobierno Colombiano que responda a las múltiples solicitudes y compromisos en torno "al apoyo político que debe brindar para que los organismos humanitarios gubernamentales del orden multilateral y los organismos humanitarios no gubernamentales nacionales y extranjeros, puedan hacer presencia permanente -continua o discontinua, según las condiciones de la zona en cada momento- en el territorio Embera y en general en el Alto Sinu".

Al Gobierno Colombiano que recuerde, respete y cumpla el compromiso adquirido en los acuerdos del 19 de abril del 2000 en cuanto al no involucramiento de las comunidades en el conflicto armado.

Al Gobierno Colombiano que atienda debidamente la solicitud de medias cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cumpla con su deber de proteger a los miembros de nuestra comunidad.

CREEMOS

Que la adopción de estrategias militares en el resguardo deriva en acciones de combate que dejaran en medio del fuego a nuestra gente, dispuesta a resistir en defensa de lo que nos es propio: EL TERRITORIO INDIGENA.