sobre la jueza Garzón de Lascano
Por convención.org.uy - Wednesday, Jun. 04, 2003 at 7:08 PM

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Argentina

Prohíben comercializar anticonceptivos (I)
Con una medida cautelar, la jueza federal Cristina Garzón de Lazcano ordenó prohibir la fabricación y comercialización en todo el país de medicamentos anticonceptivos que contienen drogas consideradas abortivas y de dispositivos intrauterino (DIU).

Así planteado, el decreto judicial inhibe al 97 por ciento de los productos que actualmente están en el mercado.


La demanda fue presentada por una organización católica nacida en Córdoba, la Fundación 25 de Marzo, cuyo titular es el sacerdote y abogado Fernando Altamira.

Altamira señaló que la presentación judicial contó con el asesoramiento de médicos y farmacéuticos, "quienes aportaron pruebas categóricas con las que demostramos que los medicamentos anticonceptivos tienen drogas abortivas que van en contra de nuestras propias leyes".

La resolución judicial está dirigida al Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, al que ordena prohibir la fabricación y comercialización de anticonceptivos hasta tanto exista una sentencia firme en esta causa.

"La Fundación 25 de marzo, entre sus fines" -apuntó Altamira- "plantea la defensa de los bienes y valores que siempre ha defendido la Iglesia Católica: la sana moral y el derecho natural, La vida desde la concepción, contra cualquier práctica abortiva. Entre nuestros objetivos también están el de ayudar a las familias humildes, la niñez, la adolescencia y la ancianidad, contra la prostitución y la pornografía".

El nombre de la fundación (25 de Marzo) tiene referencia a la fiesta de la Anunciación cuando, según la fe cristiana, un ángel reveló a la Virgen María que había concebido al Hijo de Dios.

Altamira sostuvo que además de prohibir la fabricación y venta de anticonceptivos, quedó pendiente el paso siguiente: la destrucción de estos medicamentos.

Para este sacerdote, la más flagrante transgresión de las normas se encuentra en los prospectos de los fármacos. "Nuestras leyes protegen la vida desde la concepción y nuestras autoridades jamás podrían haber aprobado a estos medicamentos".

Sin embargo, según el titular de la fundación, en los prospectos de los medicamentos se indica claramente que impiden la anidación del óvulo fecundado. Argentina fabrica siete productos en cuyos prospectos dicen esto.

Finalmente, Fernando Altamira consideró que este fallo pone a la Argentina a la vanguardia de los países a nivel mundial que defienden la vida desde la concepción y combaten las prácticas abortivas.

"Para nosotros se trata de un hecho milagroso ", graficó.


Una polémica con sello cordobés

El 11 de febrero de 2003, la misma jueza federal Cristina Garzón de Lescano hizo lugar a un recurso de amparo interpuesto por la filial cordobesa de Asociación Mujeres por la Vida, una organización no gubernamental católica y suspendió provisoriamente la ejecución de la ley de salud sexual y procreación responsable, que prevé la entrega de anticonceptivos de forma gratuita en todo el territorio argentino. Esa medida motivó un recurso de apelación por parte del Ministerio de Salud de la Nación, por lo que el asunto pasó a consideración de la Cámara Federal de Córdoba. El 19 de marzo pasado, la Sala “A” de este cuerpo revocó la decisión de la jueza y rechazó el amparo, en una decisión que significó un respaldo para la ley cuestionada. Ahora, la Cámara acaba de conceder el recurso extraordinario que presentaron los representantes de Mujeres por la Vida, para que el caso sea analizado en la máxima instancia de la Justicia argentina. Al fundamentar esta decisión, la Cámara destacó que está afectada en el caso una “cuestión federal”, según los términos del artículo 3° del artículo 14 de la Ley 48, ya que, entre otras cuestiones, “en el pleito se encuentran involucradas normas con rango constitucional, vinculadas con la protección del derecho a la vida humana desde el momento de la concepción, a la salud de las mujeres en edad reproductiva y derecho de los padres a la planificación familiar”.

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Para RIMA de la Voz del Interior
Córdoba 23 de mayo del 2003


La jueza Garzón de Lascano, más que defender los intereses de los ciudadanos, representa los intereses de un sector de la jerarquía de la Iglesia Católica y refuerza el avance del fundamentalismo en el país”. Las palabras de Alejandra Domínguez, del Servicio de Acción Popular, resumieron la posición adoptada ayer por una treintena de ONG, movimientos barriales, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, concejales, legisladores, redes de salud e instituciones feministas.

La gigantesca unión de entidades decidió realizar marchas, campañas de divulgación, escraches y pedidos de destitución para la jueza federal Cristina Garzón de Lascano, quien – ante una demanda de la fundación católica “25 de Marzo”– dictó una medida cautelar para prohibir la fabricación y venta del 97 por ciento de los anticonceptivos del mercado, además de los dispositivos intrauterinos (DIU).

Esta medida judici! al será apelada por el Gobierno nacional, según adelantó anoche el propio ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien además adelantó que se recusará a la jueza Cristina Garzón de Lascano.

El próximo lunes a las 11 se realizará un escrache en Tribunales Federales, y el miércoles a las 18, en Plaza San Martín, habrá marchas y una radio abierta.

Los representantes de las entidades reunidas criticaron la actitud de Garzón de Lascano en otros casos similares, en los que decisión suspender la ley de salud reproductiva y la venta de la “píldora del día después”.

Ayer, fuentes cercanas al ministro habían recordado que el uso de anticonceptivos no se limita al control de la natalidad, sino que estos fármacos también se emplean por otras razones médicas.


Fallo en estudio

En Córdoba, el ministro de Salud de la Provincia, Roberto Chuit, informó que la cartera sanitaria “está analizando el fallo de la jueza Garzón de Lascano para ver! qué implicancias tiene”. No obstante, manifestó que, en principio, la disposición no debería afectar los programas de salud reproductiva, amparados por la ley provincial.

Chuit señaló además que hay que tomar en consideración que la oposición al uso de anticonceptivos “es una postura de una parte de la sociedad, en función de creencias religiosas, que otros grupos sociales pueden compartir o no”. “Es una concepción que los católicos pueden apoyar, pero también hay que atender a las posiciones diferentes en cuanto a la sexualidad y las relaciones humanas de otros sectores”, señaló el ministro, a la vez que sostuvo que es “una discusión no resuelta”.

En la Municipalidad de Córdoba hay actualmente 12.300 mujeres en el programa de salud reproductiva, que incluye la entrega de anticonceptivos.

Ante la disposición de la jueza Cristina Garzón de Lascano, la subsecretaria de Salud, Marité Puga, señaló que la Municipalidad “está estudiando las implicancias de la medida judicial”. Pero, en principio, consideramos que no afectaría los programas de salud reproductiva en marcha”, sostuvo la funcionaria.

Ayer, las farmacias de Córdoba continuaban vendiendo normalmente los anticonceptivos contenidos en la prohibición de la medida cautelar (ver Drogas prohibidas).

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba se informó que hasta el momento no se recibió ninguna notificación al respecto.

Ayer, las farmacias de Córdoba continuaban vendiendo los anticonceptivos prohibidos por la jueza.

www.convencion.org.uy/menu4-501.htm

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