Argentina amenazada por los operativos militares y el intervencionismo de Estados Unidos
Por Andrea Rua Espada - Thursday, Jan. 23, 2003 at 11:44 PM
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Se intensificaron a partir de la lucha contra el terrorismo lanzada por George W. Bush. Aunque se los presenta como campañas de ayuda social, son parte de una política de ocupación territorial junto al Plan Colombia y Puebla – Panamá. Existen fuertes intereses económicos y una política de represión a quienes se opongan a ellos.

Hace varios años se vienen realizando en Argentina operaciones militares ilegales a cargo del ejército de Estados Unidos (EE UU) en colaboración de otros países de la región (ver nota de archivo). Sin embargo a partir de los atentados del 11 de septiembre y en el marco de “la lucha contra el terrorismo”, como la adecuación actual del discurso imperial, la presión por parte de la Casa Blanca para continuar con las maniobras militares y para conseguir un permiso formal del Congreso para su realización se profundizó y culminó con ofrecimiento del Gobierno argentino de garantizar la inmunidad diplomática a las tropas estadounidenses que entren en territorio argentino.
La insistencia en la realización de estas maniobras no es casual, más si se toma en cuenta que los anteriores operativos apuntaron a favorecer lo que los militares llaman “seguridad cooperativa”. Es decir que, bajo el pretexto de campañas sanitarias, lucha contra el narcotráfico y asesoramiento en la seguridad de fronteras, el objetivo de las operaciones es preparar a los ejércitos de la región para controlar y reprimir –con asesoramiento, conducción y capacitación de tropas estadounidenses- posibles protestas populares o puebladas insurreccionales en América Latina, pues los ejercicios consistieron en recuperar el control de un país de ficción (Sudistán) que había sido dominado por una sublevación popular.
Frente al pretexto de la lucha contra el terrorismo, cabría preguntarse que se entiende por ésta siendo su mejor definición la que dio el propio George W. Bush el 20 de septiembre de 2001: “Cada país de cada región del mundo debe ahora tomar una decisión. O está con nosotros o está con los terroristas”. Así la amplitud del concepto incluye a todos los que se oponen a la hegemonía de EE.UU. Sin embargo, para Michael Klare, profesor de la Universidad de Hampshire, Massachussets, en una nota publicada en Le Monde Diplomatique de noviembre, la lucha contra el terrorismo no es la única preocupación de la Casa Blanca: “la modernización y el desarrollo de las capacidades militares y la adquisición de nuevas reservas petrolíferas y de recursos naturales en el exterior se articulan con esta campaña antiterrorista configurando la estrategia coherente que guía la política exterior de EEUU”.

La Triple Frontera: otro escenario de la lucha por los beneficios económicos de los recursos naturales
Según el periodista Pedro Brieger, especialista en política internacional de la zona de Medio Oriente y mundo islámico, la estrategia global de EEUU consiste en la defensa de sus intereses y en la búsqueda de mayor presencia militar a nivel internacional. Brieger también señaló que, de acuerdo a éstos objetivos, EEUU busca instalarse en zonas donde haya una biodiversidad muy rica y comparó a las maniobras que se realizan en la triple frontera con el Plan Puebla Panamá y con el conflicto en Chiapas, en donde también hay fuertes intereses económicos por las riquezas de biodiversidad. Brieger señaló, en coincidencia con el periodista Víctor Ego Ducrot (especialista en política exterior latinoamericana) que, pese a que después de los atentados se ve a la triple frontera como el “cuco” donde se esconden células terroristas, hasta ahora no se comprobó la existencia de tales células aunque sí existe tráfico de armas y de drogas desde hace mucho tiempo.
Ana Esther Ceceña, periodista, economista, directora de la revista Chiapas y miembro fundadora del grupo de Trabajo Economía Internacional del Consejo latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), afirma en el libro “La guerra infinita, hegemonía y terror mundial” (editorial CLACSO, primera edición) que el arco Cabañas – Misiones es un desprendimiento del nudo central de la estrategia de EE UU en América Latina que pasa por el Plan Colombia (que tiene como pretexto la lucha contra el narcotráfico) y el Programa Puebla-Panamá (que se presenta como un programa para solucionar la pobreza) cuyos objetivos son la ocupación militar de América Latina. También señala que existen fuertes intereses económicos ligados a la puesta en marcha del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y a la obtención de recursos naturales valiosos. Así, la triple frontera funciona como llave de acceso político y militar a la región amazónica, por ser una frontera que comunica a dos de los países más importantes de América del Sur y por estar en un lugar rico en biodiversidad que pueden desempeñar un papel clave para las nuevas potencialidades que se abren con la biotecnología y la ingeniería genética y con mucho agua que puede ser una buena fuente de energía eléctrica.
Esto se refuerza por la declaración secretario de Estado de Estados Unidos, Collin Powell, en un artículo titulado “Aprovechando el momento” en el que dijo: “El proceso mismo de participar en esta campaña mundial contra el terrorismo puede muy bien abrirnos las puertas para fortalecer y dar nuevas formas a las relaciones internacionales y expandir o establecer áreas de cooperación”. (En agenda de la política exterior de los EUA, Volumen 6, Nº 3, noviembre 2001, en Internet)

Declinación de la soberanía
Como si los operativos y la presión económica de EE UU no fueran suficientes, el gobierno estadounidense presiona para instalar en Argentina bases militares que le sirvan a los fines de desarrollar un escudo misilístico. Según el periodista Víctor Ego Ducrot, la figura de cooperación técnica esconde un punto estratégico: el establecimiento de cabeceras de playa en zonas geográficamente estratégicas desde el punto de vista de la política norteamericana para América Latina. Desde hace tiempo el gobierno argentino tiene conocimiento de esto, pero no hace nada por evitarlo, sino todo lo contrario.
La prueba de esto, es que, como consecuencia de una ley que sancionó la Cámara de Diputados de la Nación en 1998 que establecía que “podrán realizarse explosiones subterráneas con fines pacíficos”, el gobernador de Tierra del Fuego, Carlos Manfredotti firmó el 26 de julio de 2001 un decreto que autoriza la instalación de una base del Sistema Nacional de Vigilancia para la Prevención y Prohibición de Ensayos y Explosiones Nucleares. Para la instalación de esta base norteamericana, Manfreedotti cedió tierras provinciales a 15 kilómetros de Tolhuin y habilitó a los integrantes de esta base el libre tránsito, porque “la requieren para sus estudios”.
Con respecto a este tema, otros puntos que hay que tomar en cuenta son la explotación de los recursos naturales, sobre todo del petróleo, el siempre presente, intento de cerrar bases argentinas en la Antártida, los proyectos de regionalización de la Patagonia (lo que exigiría una reforma constitucional y la modificación del mapa) y su relación con una posible condonación de la deuda de las provincias. Así, tras el proyecto de regionalización de la Patagonia, se esconde la participación de un mayor control activo por parte del sistema corporativo financiero sobre el territorio. Esta intención del gobierno norteamericano se refuerza por las declaraciones del secretario de Defensa de EEUU, Ronald Rumsfeld, quien pretende cambiar deuda por la instalación de las bases militares.

Otra vía de “contención”
Según Ego Ducrot, existe un accionar conjunto que se viene realizando entre la Policía Bonaerense y algunos servicios de inteligencia norteamericanos que tienen que ver con una maniobra experimental de control represivo de escenarios bélicos de baja intensidad y con la elaboración de nuevas tácticas estratégicas de demarcación territorial de zonas de conflicto para su control y represión en caso de revueltas. Para Ego Ducrot, esta operatoria esta comprobada en la manifestación piquetera del 26 de junio en la que murieron Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y en un simulacro de rescate de rehenes en manos de "terroristas" en una estación del subterráneo (Saenz Peña dela línea A) a cargo de un equipo de boinas verdes, (los comandos norteamericanos especializados en la lucha contra el terrorismo) el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal Argentina.
Si bien estos operativos no fueron confirmados por el gobierno, nadie los desmiente. En una nota publicada en El Espejo, el periodista Carlos Rodríguez señala que en abril de este año la Policía Bonaerense puso en funcionamiento a “Los Paleros”, un grupo encargado de “contener” las protestas. Por otro lado, cada vez hay más agencias de inteligencia extranjeras en Argentina en las que todos sus miembros directivos son ex agentes de la CIA, del FBI y servicios de inteligencia de Estados Unidos, todos expertos en terrorismo, mientras que en otras agencias participaban argentinos como el ahora preso ex secretario de Seguridad de la Alianza Enrique Mathov.
Todo esto cobra más sentido si se piensa en la intención del ministro de defensa Horacio Jaunarena de unificar en un único ministerio a Seguridad y a Defensa y que los jóvenes realicen un “servicio social obligatorio” con el objetivo de hacer trabajo social bajo las órdenes de las Fuerzas Armadas, pues sostiene que las Fuerzas Armadas “son un elemento fundamental en la cohesión nacional”, lo que significaría el restablecimiento activo de la doctrina de la seguridad nacional, punto de apoyo jurídico de las dictaduras militares. Por su parte, el titular del Ejército general Brinzoni manifestó varias veces su idea de “revitalizar” la “colimba” y que las Fuerzas Armadas están para “ actuar si las fuerzas de seguridad son desbordadas”. Esto hace ver la intención del gobierno de Duhalde de suprimir la diferencia entre Seguridad Interior y Defensa Nacional para poder reprimir más fácilmente cualquier tipo de manifestación.

NOTA DE ARCHIVO:
La ruta del intervencionismo militar de Estados Unidos en Argentina
El ejercicio militar que se realizó en Misiones en este año, no es el primer operativo combinado argentino-estadounidense que se hace en supuestos “terrenos adversos” de Argentina. Los primeros fueron en Mendoza en 1991 y en Ushuaia en 1998 seguidos por el operativo “Águila I”, realizado en Villa Reynolds, San Luis, desde el 17 de agosto de 1998 hasta el 22 de ese mes, en el que se hicieron prácticas de intercepción aérea y ataques simulados con aeronaves argentinas y de Estados Unidos. El operativo estuvo a cargo del entonces jefe de la V Brigada Aérea, Horacio Mir González y del brigadier Jefrey Musfeld, de la Air National Guard.
Sin embargo, las maniobras se intensificaron en 1999 cuando el gobierno del ex presidente Carlos Menem ofreció a Estados Unidos entrenar Boinas Verdes en la selva misionera. Los antecedentes más importantes son las dos versiones de los “Operativos Cabañas” que se realizaban tradicionalmente en Panamá pero que, debido a que Estados Unidos tuvo que cerrar las bases militares que tenía en ese país, se trasladaron a Argentina.
Al operativo Cabañas 2000, realizado en las afueras de Córdoba, desde el 6 al 20 de agosto del 2000, llegaron 1200 efectivos militares de ocho países de América: 400 boinas verdes de Estados Unidos, mientras que los ejércitos de Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Argentina aportaron 40 miembros cada uno. Los ejercicios consistieron en sostener la paz de acuerdo a las experiencias recogidas en los operativos de la ONU que se habían hecho en África, Así, América y Europa.
El operativo Cabañas 2001 se hizo en la V Brigada Mecanizada de la provincia de Salta, cerca de la cuidad de Tartagal, desde el 22 de agosto al 10 de septiembre de 2001: Formaron parte de la maniobra 1300 militares entre argentinos y estadounidenses (los más numerosos), a los que se sumaron, además de los países que participaron en el operativo del 2000, Brasil y Colombia, México y España como observadores militares. Según fuentes oficiales, los ejercicios consistieron en poner en práctica 33 tareas para el mantenimiento de la paz aprobadas por Naciones Unidas y divididas en seis áreas de adiestramiento: Desminado, tácticas, operaciones cívico militares, convoyes, seguridad y operaciones en general. ( Clarín 11 de septiembre de 2001)


La respuesta del Gobierno
En el 2001, el presidente Frenando De La Rúa, el ministro de Defensa Horacio Jaunarena, el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y el jefe de Gabinete Christian Colombo habían firmado un proyecto de ley que autorizaba el ingreso de tropas extranjeras para que realicen los ejercicios del operativo Cabañas 2001 que presentaron dos días después del inicio del ingreso de las tropas.
Pese a que una fracción opositora dentro de la Alianza que formaba parte de la Comisión de Defensa de la Cámara de diputados de la Nación escribió una carta dirigida al entonces presidente, Fernando de la Rúa, en la que se pronunciaba en contra de la realización del ejercicio militar que se realizó en Salta porque no contaba con la autorización del Congreso, no se avanzó en ningún tipo condicionamiento o reforma del inciso 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional que otorga al Congreso la “potestad de permitir el ingreso de extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las Fuerzas Nacionales fuera de él”.
Lo más significativo de la carta firmada por los legisladores del Frente para el Cambio, Ramón Torres Molina, Alfredo Villalba, Gustavo Cardesa, Alicia Castro; del ARI Alfredo Bravo, Marcela Bordenave y Héctor Polino y el justicialista Mario Das Neves, fue su crítica a la amplitud respecto de los probables enemigos pues “involucra potencialmente a cualquier ciudadano argentino o residente que se movilice para protestar”. Por su parte, el diputado Ramón Torres Molina planteó una cuestión de privilegio en agosto de ese año pero, no consiguió revertir la decisión del Poder Ejecutivo de permitir el ingreso de las tropas.
Con respecto a los últimos operativos que se realizaron en Córdoba este año, lo único que trascendió fue la denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público que hizo el diputado de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora, el 12 de septiembre, en la que denunció al presidente Eduardo Duhalde, al ex presidente De la Rúa, al ex jefe de gabinete Jorge Capitanich, al canciller Carlos Ruckauf y al ministro de Defensa Horacio Jaunarena por cometer el delito de permitir el ingreso de tropas norteamericanas sin la autorización del Congreso. La denuncia señala que el Poder Ejecutivo ingresó el proyecto de ley el 30 de abril de 2002, a menos de dos semanas de la fecha que el propio proyecto señalaba que se realizarían las operaciones (del 12 al 22 de mayo). En la denuncia, que presentó junto a José Roselli, el otro legislador de Autodeterminación y Libertad, se señala que “al menos en otras dos ocasiones, bajo la administración del ex presidente De la Rúa, se violó la Constitución”. Al día siguiente de hacer la denuncia, Zamora aclaró en una nota publicada en Página/12 el 14 de septiembre, que cuando las Comisiones de Defensa y de Relaciones exteriores se expidieron favorablemente, los ejercicios militares conjuntos con el ejército Argentino ya se habían realizado. Sin embargo, a más de tres meses, la denuncia penal erradicada en el juzgado número ocho a cargo de Jorge Urso no progresó y continúan las presiones para que tampoco logre hacerlo.
Pese a la denuncia, el Poder Ejecutivo continúa permitiendo la entrada de tropas extranjeras sin autorización del Congreso o pidiendo permiso cuando los operativos ya fueron realizados. Este es también el caso del ingreso de cuerpo de Infantería de la Marina de los Estados unidos para participar de la maniobra “Unitas Anfibio” que estaba prevista del 19 al 25 de octubre de este año cuando el permiso dado por las comisiones asesoras tiene fecha del 7 de noviembre, es decir dos semanas después de que el operativo fuera llevado a cabo y cuando las tropas extranjeras ya se fueron del país.
Otro ejemplo de esto es la firma del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Juan José Álvarez, del jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, del ministro de Relaciones Exteriores y Culto Carlos Ruckauf y del ministro de Defensa Horacio Jaunarena de un proyecto de ley que autoriza, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, que efectivos del Equipo “B” del Séptimo Grupo del Comando Sur de EE UU ingresen a Salta a partir de octubre de este año, cuando el texto llegó al Congreso el dos de diciembre, un mes y medio después de que ingresen las tropas. El proyecto de ley se ampara en el acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la Argentina y el Gobierno de los EE UU para reducir la demanda, impedir el consumo indebido y combatir la producción y el tráfico ilícito de drogas firmado en septiembre de 1995 y en las notas de propuesta de acuerdo entre los dos países de mayo de 1998, septiembre de 19999 y agosto de 2000. El texto también pide autorización para ejercicios que se realizarán en Misiones entre abril y junio de 2003.
Otro punto importante es la inmunidad de carácter diplomático que el gobierno dio a los soldados norteamericanos que entrenen en el país y que se produjo como consecuencia de la presión de Bush para que sus hombres no sean juzgados de acuerdo al nuevo Tribunal Penal Internacional creado por la ONU el 1 de julio de 2002, al que Argentina adhirió. El tribunal está habilitado para procesar a acusados de crímenes de guerra, contra la Humanidad, y genocidio. Su competencia es para juzgar a personas que gocen de impunidad en sus países y se calcula que comenzará a funcionar a comienzos de 2004. La presión para que los soldados sólo puedan ser juzgados es tal que la Casa Blanca amenazó con retirar sus soldados de las misiones internacionales y no enviarlas a ningún país que no firme el acuerdo bilateral que garantice por escrito la seguridad jurídica de los ejércitos y que éstos sólo sean juzgados por magistrados norteamericanos.

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