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Policía en los colegios mendocinos
Por Amalia Alessio - Saturday, May. 31, 2003 at 10:39 PM
amalia_alessio@hotmail.com 0261 4812 137 Palacios 26 Gutierrez Maipú Mendoza

Ante intento de Toma Pacífica de alumnos secundarios mendocinos que pedían ser escuchados los directivos escolares llaman a la Policía, originando dos causas judiciales contra menores comprometidos con su realidad, la del país y el mundo.

CARTA ABIERTA. De un grupo de padres de la Escuela Bellas Artes de Mendoza.
(extracto de ésta carta ha sido enviada al Correo de Lectores de Diario Los Andes y UNO)

Los abajo firmantes, padres de la Escuela de Bellas Artes (4-024) de la capital de Mendoza queremos hacer conocer una serie de hechos e irregularidades que están ocurriendo en la Institución.
Estamos convencidos que los conflictos de la sociedad argentina se reflejan indefectiblemente en las escuelas, y Bellas Artes no es una excepción. Desde el inicio de clases se acumulan conflictos graves que han afectado el clima necesario para la enseñanza-aprendizaje. Estas situaciones no son responsabilidad de los alumnos, ya que requerían decisiones políticas que no existieron o fueron tardías. La actual Dirección escolar comenzó a aplicar políticas que pretenden cambiar los usos y costumbres de una Institución que siempre fue particular y diferente por los objetivos de la formación que imparte, su especialidad artística y especialmente su población escolar, que elige educarse en las Bellas Artes.
Estas políticas fueron decididas y aplicadas sin desarrollar un debido y profundo proceso de consenso con toda la Comunidad Educativa. Desde marzo a la fecha ha habido situaciones de persecusión y discriminación, se ha visto coartada la libertad de expresión, de reunión y organización de los estudiantes, como así también se ha influenciado a las distintas organizaciones de la escuela (Consejo Consultivo, Centro de Estudiantes y Consejo Escolar). Algunos de nosotros, advirtiendo esta situación, hemos presentado notas y nos hemos reunido con Directora, Vicedirectora y Regente, encontrando posiciones irreductibles y actitudes de soberbia que no permitieron acuerdos, los que quizá hubieran prevenido los hechos gravísimos ocurridos el 29 de abril de 2003.
Por todo lo explicado era evidente que las cosas derivarían en un conflicto más agudo, y explotó el día mencionado cuando los estudiantes deciden realizar una Asamblea en el horario de ingreso. Por mayoría, y con el objeto de ser escuchados en sus reivindicaciones, la Asamblea decide Toma Pacífica de la Escuela, la que nunca llegó a efectivizarse por razones que no vamos a explicar para no hacer más larga la presente. Frente al conflicto ya desatado, y persistiendo en su política intransigente y de no dialogar, el Cuerpo Directivo decide que la medida más acertada para acabar con lo resuelto por los alumnos era convocar a la Fuerza Pública (Policía) sin que hubiera ninguna razón que así lo ameritara. No hubo violencia física, ni rotura de bienes, ni quema de gomas, ni siquiera los Directivos perdieron el control del establecimiento. Si alguno de estos hechos hubiera sucedido ¿a quiénes hubieran llamado?
Al concretarse la llegada de los efectivos policiales, ingresan al edificio escolar y, como es lógico esperar, la respuesta de los alumnos es cortar la calle como protesta por lo que consideran un acto represivo. La Policía, al intervenir, llama a la Jueza de Menores, quien se apersona en la Escuela. A qué nivel es llevada la conflictividad intentando apagar el fuego con nafta en lugar de intentar aplacar los ánimos sentándose a dialogar sinceramente, dando muestras de adultez y control de la situación y no viendo fantasmas en los alumnos.
No conformes aún y por decisión de la Directora se entrega a los efectivos policiales una lista de los supuestos responsables de los “desórdenes”, gesto impensado en cualquier persona con sentido común que tenga bajo su responsabilidad armonizar los intereses de la Comunidad Educativa. Se cometieron tantas desprolijidades que, por ejemplo, en dicha lista se encuentran alumnos que no votaron a favor de la Toma y no participaron de las distintas situaciones que se dieron esa mañana. El resultado de ese desatino es que hoy un grupo importante de alumnos tiene una causa judicial, es decir, se los castiga por defender lo que piensan, por peticionar, por ser coherentes, a diferencia de sus Directivos. Se los criminaliza y se los cuestiona por involucrarse con las cosas que tienen valor para ellos mientras que la sociedad en general y el discurso del sistema en particular los condena justamente por lo contrario: no participar, no interesarse, drogarse, delinquir, etc.
Desde estas líneas declaramos que no acordamos y rechazamos esta metodología y tampoco aceptamos sanciones ya que toda esta situación podría haberse evitado en su momento democratizando a fondo la Escuela. También decimos que entendemos el diálogo como un ida y vuelta de oídos abiertos, sin soberbias ni autoritarismos, y hasta la fecha solo hemos sido convocados a reuniones donde las respuestas a nuestras preocupaciones han sido explicaciones al servicio de salvar las situaciones “legales” de los Directivos, y acusaciones sobre actividades políticas e ideológicas de los alumnos ¡como si esto fuera un crimen imperdonable en jóvenes de 17 años! interesados en la realidad de nuestro País y de la Educación en particular.
Por todo esto es que convocamos a padres, alumnos, docentes, artistas, trabajadores, etc. a adherir a esta Carta Abierta para pedir justicia y verdad, para terminar con medidas que coarten la libertad de expresión y para que la Escuela de Bellas Artes siga siendo artífice de creadores.

Firmantes:
Claudia Soria (DNI 13.184.751) Guillermo Blanes (LE 8.469.879) Raúl Morales ((LE 8.157.610) Camilo Giménez (CE 749.705) Osvaldo Tramontina (LE 8.457.794) Mariana Abalo (DNI 17.390.467) Alejandro Rodríguez (DNI 17.513.898) David Agüero (DNI 13.806.635) Patricia Alsina (DNI 13.006.290) Ana María Giménez (LC 6.708.417) Josefina Vergara (DNI 11.264.608) Jorge Cuello (DNI 10.564.807) Carlos Casciani (DNI 10.912.277) Nora Bruccoleri (DNI 12.841.619) Susana Pioli (DNI 12.515.713) Sandra Alonso (DNI 17.640.922) Nilda Torrecilla (DNI 8.404.935) Hugo Lúquez (DNI 10.730.340) Claudio Sánchez (DNI 13.700.418) Amalia Alessio (DNI 14.065.189) Susana Muñoz (DNI 5.123.753)


¡No a la judicialización de los menores! ¡No a la Policía como recurso institucional para poner orden dentro de los establecimientos educativos! Democracia y participación.

Puede enviar su adhesión a cartaabierta_03@hotmail.com
Contactos al 155 562982 (de Mendoza)

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