POR UNA ARGENTINA SIN IMPUNIDAD
Por reenvío agencia walsh - Friday, Aug. 01, 2003 at 5:46 PM

Declaración de algunos organismos de derechos humanos

Los organismos de derechos humanos integrados por familiares de las Víctimas del
terrorismo de Estado queremos sentar nuestra posición sobre las Políticas de
Estado que se vienen impulsando desde el Poder Ejecutivo tendientes a comenzar a
desterrar la impunidad.
Si bien la inequidad es una constante en nuestro sistema judicial, es a partir
de 1986 que los tres Poderes del Estado instalan la impunidad.
. El Poder Ejecutivo impulsándola con el envío de proyectos de ley al Congreso
Nacional? o decretándola mediante el indulto a responsables de crímenes de lesa
humanidad.
. El Poder Legislativo sancionándola con las leyes N° 23.492 y 23.521
llamadas de Punto Final y Obediencia Debida.

. El Poder Judicial avalándola con sus fallos.

Y esta impunidad que comienza con el impedimento de juzgar a responsables y
ejecutores de crímenes atroces, crece como una bola de nieve y se instala en la
sociedad y sus instituciones.
Miles de casos de escandalosa impunidad ?muchos denunciados y reclamados
por la movilización popular desde María Soledad Morales hasta Líela Bshier y
Patricia Villalba? culminan en estos días con integrantes de la Policía
Bonaerense implicados en secuestros extorsivos y las declaraciones del
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires: "No me sorprende".

A nosotros tampoco nos sorprende.
Hemos denunciado en innumerables oportunidades que más del 50% de los
Centros Clandestinos de detención funcionaron en dependencias de las
Policías Federal y Provinciales. Allí se robaron niños, se secuestró, se
torturó y se asesinó impunemente. Y repiten sus crímenes.
Estas son las consecuencias de la impunidad hacia el terrorismo de Estado
instalada desde el Estado constitucional y que sufrimos todos los argentinos.
Por eso seguimos luchando "Por una Argentina sin impunidad".
Y la única manera de comenzar a lograrlo es juzgando y castigando en nuestro
país a quienes eludieron la acción de la justicia, esa justicia que también
negaron a sus víctimas Somos los argentinos, mediante nuestras instituciones,
quienes debemos terminar con la impunidad.
Desde hace unos pocos años algunos jueces dictaminaron la inconstitucionalidad
de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y algunos de esos casos han
llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde esperan su fallo.
Esta misma Corte falló ?ante nuestros reclamos? diciendo que estas leyes eran
constitucionales. Y llegamos hasta la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos la que en su Resolución 28/92 Concluyó que las leyes
N° 23.492 y 23.521 y el Decreto N° 1002/89 son incompatibles con el art.
XVIII
(Derecho de la Justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes
del Hombre y los Arts. 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
En el breve lapso de su gobierno, el Presidente Néstor Kichner ha expresado
repetidamente su intención de reinstalar la justicia en la Argentina.
Impulsó la renovación de los Jueces de la Suprema Corte, comenzando así
Una imprescindible depuración de sus miembros y democratizó la elección de
Sus nuevos integrantes.
Hace ocho días ?respondiendo a nuestro reclamo presentado el 3 junio 2003?
derogó el decreto 1581/2001 reabriendo la posibilidad de que el Poder Judicial
(tal como lo indica la ley 27.767) sea el que determine la extradición de
represores reclamados para ser juzgados en el exterior ante la imposibilidad de
hacerlo donde cometieron sus crímenes.
Después de 17 años de gobiernos que de una u otra manera han impedido la
administración de justicia, es para nosotros una grata sorpresa este cambio
proveniente desde quien ejerce la más alta magistratura de la Nación. Lo
que debería ser la regla, parece una excepción.
Apoyamos y apoyaremos todas las medidas que contribuyan en nuestro país
A desterrar la impunidad y a lograr la plena vigencia de los Derechos
Humanos en su integralidad.
Esperamos, además, una actitud similar por parte del Poder Legislativo,
anulando las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y Decretos de
Indulto, dejando en claro que no podrán ser invocadas como ley penal más
benigna, ni como cosa juzgada y que para la prescripción de la acción penal no
debe ser tenido en cuenta el lapso transcurrido entre su sanción y su anulación.
Así como todos estos años nos movilizamos exigiendo justicia, estaremos
apoyando esa anulación -que se tratará en la Cámara de Diputados el día
12 de agosto próximo- ante las puertas del Congreso Nacional, Rivadavia al
1800 a partir de las 16.00 horas.
Invitamos a acompañarnos en este reclamo "Por una Argentina sin impunidad".

Abuelas de Plaza de Mayo
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia
Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora


Buenos Aires, 31 de julio de 2003

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