¿Seguridad Ciudadana o Estado Policial?
Por re ((ivpress)) - Tuesday, Sep. 30, 2003 at 11:32 AM

Por Arnaldo Pérez Guerra / Especial para Kolectivo Lientur / 29 de septiembre de 2003

La “Agenda Antidelincuencia” del gobierno de la Concertación plantea reponer la “detención por sospecha” con otro nombre, “ampliando los plazos de detención” y verificando la “identidad de sospechosos”. A eso se une la modificación del sistema penal para rebajar la imputabilidad legal a los 14 años. Es parte de la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico -se dice-, pero las medidas van mucho más allá. La creación de la Coordinación de Seguridad y un posible ministerio de Seguridad, sumado a la inminente aprobación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) completan el cuadro de la nueva estrategia represiva donde los perjudicados serán aquellos que se oponen a los dictámenes del poder y el modelo.

Diputados concertacionistas patrocinan un proyecto que significará, en la práctica, la reposición de la detención por sospecha y que aumentará las horas que una persona puede permanecer retenida en un cuartel policial. Jorge Burgos (DC) es el autor de la iniciativa que cuenta con el apoyo de Patricio Walker, Eduardo Saffirio, Edgardo Riveros, Antonio Leal, Zarko Luksic, Pedro Araya, Francisco Encina y Patricio Hales. Según Burgos, “la propuesta sólo busca aumentar el rigor y las facultades de la policía para combatir con mayor eficiencia y rapidez la delincuencia”.

En virtud de esta disposición, las policías podrán allanar “sin orden previa”. Del mismo modo, se discute rebajar la responsabilidad penal, creando un “sistema especial” para “jóvenes delincuentes” entre 14 y 18 años. Se pondrá fin al “discernimiento”, lo que hará plenamente responsables a menores. Se establecerán sanciones -privativas o no de libertad- aplicadas en instituciones colaboradoras del Servicio Nacional de Menores (Sename) o en “recintos”, verdaderas prisiones, administrados por ésta.

Desde hace unos meses, el Senado venía solicitando al gobierno por unanimidad “medidas antidelincuencia” como una agenda legislativa de seguridad ciudadana, coordinación entre los ministerios y unificar la institucionalidad sobre seguridad. Algunos de los proyectos modifican procedimientos del Código Penal y Procesal Penal, dando legalidad a algo ya habitual: que las policías puedan intervenir y allanar domicilios cuando exista “evidencia de delitos”.

Represión y Estado Policial

La derecha es la principal impulsora de la agenda antidelincuencia, que cuenta como aliados a sectores del Partido Por la Democracia (PPD) y el Partido Socialista (PS), además de prácticamente la totalidad de la Democracia Cristiana (DC). Según el diputado Leal, “la detención por sospecha no sirve para combatir la delincuencia, que requiere de una focalización de los esfuerzos”. Una de las propuestas de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI) es precisamente focalizar la lucha contra la “delincuencia” en poblaciones, creando “zonas de emergencia policial”, incluso se ha llegado a hablar de “toques de queda” o “colocar fotografías de delincuentes” en sitios públicos, además de aumentar las penas y construir “cárceles privadas”.

La derecha y el gobierno se escudan en encuestas y estadísticas que señalan un aumento peligroso de la delincuencia, los índices de “inseguridad” y las “denuncias”. Cifras de la UDI indican que durante la Concertación se han cometido “4 millones de asaltos”, ya que las autoridades priorizan “garantizar los derechos de procesados y detenidos, rebajar penas e incluso indultar a delincuentes”. Sembrar el miedo es la estrategia del poder para implementar un “Estado policial” dirigido a terminar no con la delincuencia, sino con cualquier intento de desestabilización del modelo, y con las crecientes movilizaciones mapuches, sindicales y estudiantiles. Con éxito mediático se instala la idea de que el gobierno ha fracasado en su lucha contra el delito, y que la “seguridad ciudadana” es la principal preocupación de la ciudadanía.

En la jugada, el gobierno intenta aprobar que retorne el control de Carabineros e Investigaciones al ministerio de Interior. Otros proyectos -de interés tanto para el gobierno como para la derecha- son “aumentar las penas por narcotráfico, rebajar la responsabilidad penal juvenil, tipificar el lavado de dinero, creación de la ANI, creación de secretarías regionales de seguridad ciudadana, y aumentar las penas para quienes atenten contra policías”. En este marco de proyectos y supuestas “democratizaciones” no se incluye para nada modificar las atribuciones de las Fiscalías Militares para juzgar a civiles bajo leyes especiales.

Aprovechando el impulso, el diputado Aníbal Pérez presentó un proyecto “antipiratería”, para combatir el robo intelectual y la evasión tributaria, pero a través de “agentes encubiertos”, “informantes pagados” y “entregas vigiladas”. No es todo. El gobierno intenta modificar la ley de Control de Armas y Explosivos para elevar las penas, lo que también está contemplado en la “agenda de seguridad”. La ley Antiterrorista hoy se aplica a mapuches y estudiantes. El propio ministro de Interior, José Miguel Insulza, señaló, “hoy el problema no es que sean los grupos políticos o extremistas los que tengan muchas armas, sino que fundamentalmente son los delincuentes”.

En los últimos meses han quedado en evidencia “montajes policiales” y detenciones de ex presos políticos -Manuel Saavedra, Marcelo Dote López y Juan Aliste Vega-, acusados en virtud de esas leyes bajo cargos completamente falsos. Lo propio ocurrió con tres estudiantes y un dirigente sindical, acusados de portar una bomba, y que luego de 5 y 13 días detenidos fueron puestos en libertad. Dotar de más poder a las policías sólo implicará más represión, no precisamente para delincuentes o narcotraficantes. El “Estado policial” ya se instaló en el sur del país y es aplicado contra los mapuches.

Represión a mapuches

Más de 400 mapuches se encuentran procesados por tribunales civiles y Fiscalías Militares por su participación en movilizaciones en las comunidades en conflicto. A esa cifra, se suman órdenes de detención y presos políticos en la VIII y IX regiones. Más de diez (10) ministros especiales y cuatro (4) Fiscalías Militares se han encargado de investigar “hechos de violencia” -desde fines de 1997- producidos en el sur del país en el marco del conflicto que enfrenta a mapuches con empresas forestales y las fuerzas de ocupación policial.

Decenas de dirigentes y comuneros mapuches se encuentran sometidos a proceso, en la mayoría de los casos juzgados por la ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado y la ley 18.314 o Antiterrorista. Por las cárceles, han pasado más de un centenar de mapuches que han debido enfrentar el nuevo Sistema Procesal Penal.

La represión directa se ha expresado no sólo en procesamientos, encarcelamientos, asesinatos y persecución: a ello se suma el control y hostigamiento de las policías en las zonas de conflicto: “a través de allanamientos, controles en caminos y sobrevuelos. En la actualidad, las comunidades enfrentan una represión directa destinada a amedrentar, hostigar y desmovilizar. (...) personas, familias y comunidades permanentemente vigiladas y controladas por la policía civil y uniformada, situación derivada de las investigaciones que llevan a cabo los servicios de inteligencia chilenos”, señala un informe de la Comisión de Derechos Humanos Mapuche.

“Extraños robos a sedes mapuches, seguimientos a sus dirigentes, interceptaciones telefónicas ilegales, misteriosos civiles realizando interrogatorios extrajudiciales e incluso un caso de doble secuestro se han registrado al interior de territorio mapuche”, lo que ha sido denunciado por organizaciones mapuches, eclesiásticas e incluso académicas, como el Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de La Frontera (UFRO).

¿Seguridad pública?

El gobierno plantea que la Coordinación de Seguridad (Comité Interministerial), que ejercerá el ministro de Interior, debe derivar en la creación de un Ministerio de Seguridad Pública y Ciudadana. “Se buscará implementar el concepto de solidaridad: dar más en los lugares donde se tiene menos, vale decir, reforzar la flota de vehículos policiales o autorizar el uso de helicópteros en los barrios más conflictivos. Ello requiere necesariamente tener atribución para solicitar evaluaciones más precisas; concentrar datos y procesar la información para proponer estrategias que permitan mejorar la eficacia de las acciones policiales”, señala el oficialista diario La Nación.

El Comité Interministerial de Seguridad Ciudadana, desarrollará la “agenda antidelincuencia”. De esta forma, se instala en la opinión pública la “seguridad ciudadana” como el problema de mayor preocupación en la población, por sobre la cesantía o la democratización de la sociedad. Según cifras del propio gobierno, aumentan los delitos de “alta connotación social” aunque en realidad lo que aumenta son las cifras de “denuncias” y la “percepción de temor”. Paz Ciudadana -organismo dirigido por Agustín Edwards y la UDI- señala que el 61,6% de la población cree que “aumenta la delincuencia”, y un 58% afirma que “seguirá aumentando”, percepción alimentada por los medios de comunicación, la derecha y las propias políticas de alcaldes y las policías.

José Miguel Insulza anunció algunas medidas prioritarias: “definir en la ley de Presupuesto mayores recursos para aumentar la dotación policial”, “acelerar el trámite de la ley de responsabilidad penal de menores, de control de armas y de drogas”, “consolidar una institucionalidad en materias de seguridad, a través de un ministerio o subsecretaría”; que buscan controlar aun más a la población con la excusa de la “seguridad ciudadana”.

La creación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) completará el cuadro: “un organismo público centralizado, de carácter técnico y especializado, dependiente del ministerio de Interior”, cuyo objetivo será “producir inteligencia... para la toma de decisiones y principalmente ejercer las atribuciones correspondientes, en materia de terrorismo, criminalidad transnacional organizada y contrainteligencia”. La ANI “elaborará informes periódicos, de carácter secreto... además requerirá de los estamentos de inteligencia de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Seguridad Pública, así como de Gendarmería, la información del ámbito de la entidad y la residual que tuvieran conocimiento”.

Su creación fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, lo que fue destacado por el ministro Insulza como una muestra de “unidad nacional”. Podrá emplear las fuerzas de Carabineros e Investigaciones, “en el marco de las leyes como las que combaten el terrorismo y el narcotráfico... dentro de los procedimientos para obtener información: intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y de correspondencia y de sistemas y redes informáticos; la escucha y grabación electrónica, y la obtención de antecedentes sujetos a reserva o secreto bancario”, entre otras.

El 13 de agosto, la Corte de Inmigración de Londres, Inglaterra, acogió una petición de “asilo político” a favor de un ex carabinero chileno que ha sido declarado “desertor”, quien denuncia actos de corrupción y torturas en contra de mapuches. El ex cabo Julio Pino Ubilla podría enfrentar una condena de 20 años de regresar a Chile y ser juzgado por una Corte Marcial. “La medida deja en evidencia una situación que se mantiene inalterable desde la dictadura al interior de los cuarteles policiales chilenos, como es la práctica de la tortura en contra de miembros de agrupaciones políticas y de resistencia”, señala el periodista Pedro Cayuqueo, director del Kolectivo Lientur.

Julio Pino “desertó” a fines de 2002, viajando a Inglaterra con visa de turista. Huyó por temor a ser asesinado, ya que recibió “amenazas de muerte” por parte de sus superiores, quienes lo trataron de “comunista” por oponerse a malos tratos y violencia innecesaria que ejercían oficiales -con conocimiento de sus mandos- tanto hacia las tropas como a los civiles detenidos, entre ellos comuneros mapuches.

En su presentación a la Corte de Inmigración de Londres, el ex policía relata una serie de abusos a los que son sometidos la suboficialidad, y malos tratos y torturas, conductas contrarias a los tratados de derechos humanos firmados por Chile, en que incurren normalmente miembros de la institución en contra de jóvenes de bajos ingresos, minorías sexuales, inmigrantes y comuneros mapuches. El ex cabo denuncia la nula voluntad de las autoridades para frenar estas irregularidades: “No están dispuestos o son incapaces de proporcionar protección a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que se siguen realizando en democracia”. Sostiene que al manifestar su oposición a los malos tratos que presenció o tuvo conocimiento, fue sometido por sus superiores a “hostigamientos y abusos”, incluida “tortura sicológica y reiteradas amenazas de muerte”.

Según el Alto Mando de Carabineros: “Ninguno de los ex funcionarios denunció en instancia alguna del país, como tampoco en Carabineros, los hechos que ahora habrían expuesto ante organismos de inmigración de Inglaterra para obtener la calidad de asilados y la visa de residencia en ese país”. La justicia de inmigración inglesa tiene en sus manos la petición de “asilo político” efectuada por Myriam Solís Fernández, cónyuge del ex carabinero y que también se desempeñaba como funcionaria de la institución.

La resolución de la Corte inglesa sostiene que la policía chilena puede ser categorizada como “agente de la persecución”, y que no existe “protección legal para quienes son víctimas de abusos a los derechos humanos practicados por la policía”. Agrega: “No hay buena voluntad para detectar, procesar y castigar”, “la policía tiene impunidad” para cometer este tipo de abusos, afirmación que se complemente con informes del Relator de Naciones Unidas contra la Tortura (1995), de Amnistía Internacional (2002, 2003), e incluso un Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los EE.UU. (2001): “Observo del informe del Departamento de Estado de los EE.UU. que en 1995 y 1996 la Corporación de Asistencia Judicial recibió 195 acusaciones de maltrato por parte de policías al momento de la detención. En 1997, eran 400; 815, en 1998; 1.179, en 1999; y 1.074, el 2000. Las causas por violencia policial fueron generalmente archivad as o enviadas a una corte militar”, añade el texto.

El ex carabinero denuncia en 38 páginas abusos cometidos por efectivos policiales en contra de grupos sociales, homosexuales, jóvenes de bajos recursos y principalmente mapuches. Relata en detalle las técnicas de tortura que aplica hoy la policía uniformada. Sobre los malos tratos a mapuches, señala: “por lo general son policías que llevan de Santiago al sur, porque los policías del sector se oponen a castigar a los mapuches ya que ellos mismos viven en el lugar y comparten con ellos. Además, la gran mayoría es discriminada por oficiales racistas y, muchas veces, trasladados lejos del hogar”.

El texto presentado a la Corte rrecuerda un caso emblemático: “Un día escuché cómo comentaban de la tortura que sufrieron 7 mapuches de Truf Truf, comuna de Padre Las Casas. Habían viajado desde Santiago exclusivamente para hacer ese trabajo. Era un grupo de 12 funcionarios, entre ellos varios oficiales, los cuales se presentaron en los domicilios de Juan Coliñir, Alberto y Ruperto Coliñir Painemil, Bernardino Parra Nela, Manuel Parra Catrilaf, Juan y Aurelio Catrilaf Parra. La excusa era ejecutar una orden judicial, la cual era sólo para 3 personas y no 7. Ingresaron violentamente a los hogares de estas personas, sacándolas prácticamente desnudas, los golpearon a la vista de sus mujeres e hijos”.

El caso de los comuneros torturados de Truf Truf fue ampliamente difundido en 1999. Se trataba de uno de los primeros casos que dejaba en evidencia el uso de instalaciones policiales para aplicar la tortura en contra de militantes mapuches. Varios de ellos, denunciaron haber sido sometidos de manera sistemática a sesiones de tortura. Los dirigentes de las comunidades afectadas por los allanamientos presentaron ante la Fiscalía Militar de Temuco una querella por los delitos de “robo, violencia innecesaria, tortura y otros tratos crueles y degradantes”. Hasta la fecha, ningún policía ha sido puesto a disposición de la justicia.

Chile: De la CNI a la ANI, nueva estrategia represiva.

El año pasado, la apertura a la prensa de la discusión sobre la inminente creación de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) -luego del fallido intento de aprobar el Servicio Nacional de Inteligencia (SNI)-, rompió la habitual reserva sobre el tema. La iniciativa plantea incorporar a las Fueras Armadas (FF.AA.) a las tareas de “inteligencia política”, bajo supervisión del gobierno civil. Hasta hoy, las labores de inteligencia que realizan las FF.AA. y, principalmente el Ejército a través de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), no poseen ningún control “civil”.

La connivencia entre los gobiernos de la Concertación y las Fuerzas Armadas durante la “transición a la democracia”, no llama la atención. La transición precisamente consiste en mantener con pequeños remozamientos el statu quo de la era militar en el objetivo común de perpetuar la institucionalidad y el modelo económico bajo férreo control impidiendo cualquier expresión de descontento popular. La ANI y el posible ministerio de Seguridad son parte del objetivo estratégico de las clases dominantes y su expresión política.

Tortuoso camino

La “transición” mantiene las desigualdades económicas y sociales de la dictadura, el aparato militar y de inteligencia con sus estructuras casi intactas, perpetuando la impunidad de los principales responsables de violaciones a los derechos humanos. Un sistema político de “continuidad” con la dictadura, por lo que no es extraña la unidad de criterios de la Concertación, la derecha y los militares respecto de la necesidad de instalar la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

Las “coincidencias” entre los políticos del sistema y el mundo militar se han manifestado desde antes del inicio de la “transición” y, principalmente, durante el gobierno de Patricio Aylwin en temas como la “seguridad ciudadana”, el “control represivo-selectivo”, el “Estado policial” y el “exterminio de la subversión”. Se exacerba en el imaginario un cuestionable aumento de la delincuencia, acompañada de la “conexión entre ex subversivos, asaltantes y narcotraficantes”, “delitos con mayor violencia”, y un mayor acceso a “armas de fuego y explosivos”, lo que va de la mano con reprimir intentos de articulación de grupos estudiantiles o poblacionales, y principalmente las organizaciones y comunidades mapuches en las zonas en conflicto. Incluso, las fuerzas policiales han desalojado hogares universitarios mapuches, reprimiendo actos o tocatas musicales organizadas en defensa de la lucha mapuche por sus tierras.

Con el pretexto de urgencia de “políticas de seguridad ciudadana” se fortalece el control social a través del sistema “represivo-preventivo”, manteniendo estructuras centralizadas e innumerables ramificaciones territoriales en poblaciones, centros estudiantiles, zona mapuche, etcétera.

La Oficina: represión política y poder

El Presidente de la República, Ricardo Lagos, concretará el abortado intento de crear un organismo de inteligencia cívico-militar presentado por Eduardo Frei Ruiz-Tagle en enero de 1997, tras la fuga de cuatro (4) militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de la Cárcel de Alta Seguridad. El proyecto del Presidente Eduardo Frei no prosperó por los “ruidos” que creó la detención de Augusto Pinochet en Londres y su petición de extradición por España.

Según trascendidos de prensa, los principales objetivos de la ANI serán: “coordinar las direcciones de inteligencia que ya existen. (...) Regular el intercambio de información que éstas generan. (...) Asesorar directamente al jefe de Estado respecto a los mecanismos de seguridad que debe tener el país en materias políticas, económicas y militares, tanto dentro como fuera del país”. Se inaugurará una nueva colaboración cívico-militar, abocada hoy a crear la legalidad necesaria para prevenir y/o reprimir cualquier expresión de descontento popular, siguiendo las directrices norteamericanas.

A los gobiernos de Chile y Estados Unidos los une el discurso común contra el “narcoterrorismo” y una práctica en terreno de modelos policiales y ejercicios militares conjuntos. En materia de seguridad, el gobierno de Patricio Aylwin creó un organismo de inteligencia con capacidad de equiparar la labor de organismos militares que siguieron operando con autonomía, y con la misión de desarticular a las organizaciones políticas que pudieran constituirse en un obstáculo para la “transición”.

Las tareas de inteligencia “democráticas” se comenzaron a desarrollar desde 1990, pero la creación formal del Consejo de Seguridad Pública data del 23 de octubre de 1991. Sus primeros directores fueron: Mario Fernández (DC), Jorge Burgos (DC) y Marcelo Schilling (PS). La “Oficina” -como fue conocida por la prensa y la ciudadanía-, dispuso de la información residual de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y de herramientas operativas y legales que le permitieron, en definitiva, orientarse hacia los objetivos definidos por el ministerio de Interior, presidido entonces por Enrique Krauss: “Dislocación y exterminio del complejo Mapu-Lautaro en sus tres estructuras Movimiento Juvenil Lautaro (MJL), Fuerzas rebeldes y Populares Lautaro (FRPL), y MAPU-Lautaro; desarticulación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), y trabajo hacia el Partido Comunista (PC)”.

Para cumplir con los objetivos, que incluyeron la desarticulación del MIR EGP-PL, la Oficina diseñó, planificó y participó en operaciones y montajes, inaugurando una nueva “guerra sucia”, que incluyó la muerte de una treintena de militantes del Lautaro y el FPMR, y la detención de la mayoría de sus dirigentes. Para esos fines se utilizó la delación, infiltración y contratación de “informantes”. Los escándalos de la “Oficina” obligaron al poder político a aprobar la Ley 19.212 (1993), que creó la Dirección de Seguridad e Informaciones, bajo el mando de Isidro Solís (PRSD), funcionario de Gendarmería y hombre de confianza de Belisario Velasco, en ese momento subsecretario de Interior.

En 1995 se produjo un giro en las políticas de inteligencia. Los presos políticos fueron trasladados a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), y se habló del fin de la “transición y la subversión”. Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la Dirección de Seguridad pasó a llamarse Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI). Mario Papi (PRSD) asumió la jefatura y volcó sus objetivos a “privilegiar el análisis a partir de fuentes abiertas, enfocado en escenarios delictuales, sindicales y económicos entre otros”.

Sistema represivo-preventivo

En el gobierno de Ricardo Lagos, los socialistas volvieron a la cabeza de la DISPI. Gustavo Villalobos (PS), abogado y ex integrante de la Vicaría de la Solidaridad fue nominado en su dirección. Se comprometió a “no utilizar” la información que conoció por su “antiguo cargo”. Desarticulada la “subversión”, la nueva labor de inteligencia civil se abocó a “la búsqueda y procesamiento de datos relacionados con los actores sociales populares”. A la cabeza del departamento encargado se nombró a Luis Marcó, uno de los principales articuladores de las políticas de “seguridad ciudadana”.

La campaña “antisubversiva y antiterrorista” de los primeros años de la Concertación, se desarrolló paralelamente con el reforzamiento de la “seguridad ciudadana” y contó con la legislación represiva heredada: ley de Detención por Sospecha, Control de Armas y Explosivos, Antiterrorista, Seguridad Interior del Estado, y la aprobación de nuevas leyes que facilitaron las tareas de inteligencia, como la ley de Delación Compensada.

El traspaso de la dependencia de Carabineros del ministerio de Defensa al de Interior no significará una “democratización” de las fuerzas represivas, que operan en sentido contrario: crecimiento numérico, impunidad, más recursos, aplicación de planes norteamericanos, etcétera. El sistema represivo-preventivo de los organismos de inteligencia, la “globalización” de la represión y la especialización y militarización de las policías pone de manifiesto la tradición autoritaria de las clases dominantes y el férreo control sobre la sociedad, control que se mantiene a través del modelo económico, reforzado por los medios de comunicación y la propia “seguridad ciudadana”.

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