Salta vende tierras protegidas.
Por Andrea - Thursday, Jun. 24, 2004 at 7:39 PM

El Estado Salteño pone a la venta áreas pertenecientes a una reserva natural.

Salta: la venta de áreas protegidas



Cuando el Estado -ya sea nacional o provincial- decide crear un área natural protegida, su decisión responde al propósito de crear una estructura de preservación permanente. La finalidad es asegurar que los valores naturales del territorio preservado se encuentren disponibles no sólo para las generaciones actuales, sino también para las futuras.
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Los parques y reservas nacionales, provinciales o municipales, son territorios legalmente instituidos a perpetuidad. Conviene destacar, además, que estas áreas son aún muy pocas. La Argentina, con más del 95% de su superficie en manos privadas, aún debe asegurar la conservación de varias zonas claves de su patrimonio natural, como lo señaláramos en una reciente editorial.
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La provincia de Salta parece haber olvidado estos conceptos básicos al decidir poner en venta una reserva natural provincial localizada en Pizarro, en el departamento de Anta. Tras aprobar una ley propuesta por el Ejecutivo provincial -por medio de la cual se desafectó el área de su carácter protegido para venderla con el fin de recaudar fondos para pavimentar una ruta-, ahora la reserva natural provincial ha sido rápidamente puesta en venta, contra la opinión de los pobladores que la habitan y contrariando también el punto de vista de diversas organizaciones no gubernamentales ambientalistas y entidades intermedias de la producción. Esas organizaciones coinciden en señalar que el agro no necesita avanzar sobre las áreas protegidas para aumentar su productividad.
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Más allá de los valores naturales del área que se perderán con esta decisión de las autoridades salteñas, las principales ONG ambientalistas del país -Fundación Vida Silvestre Argentina, Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales- han alertado sobre la pérdida de seguridad jurídica que implicará esa determinación. El tema no es menor, pues se trata del primer caso en el que una provincia argentina decide pasar por alto el estado jurídico asociado a los bienes naturales que integran el patrimonio permanente de la ciudadanía.
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En el pasado, las áreas protegidas sufrieron más de una vez alteraciones en sus límites, con el fin de resolver problemas de uso o de diseño. Sin embargo, en este caso, la decisión de dividir la tierra en lotes más pequeños y venderla rápidamente demuestra que el fin de la desafectación ha sido sólo económico y coyuntural.
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El mes pasado, ante un público compuesto por juristas de todo el país reunidos en Salta, Vida Silvestre y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales expusieron fuertes alegatos contra esa decisión. Llegaron incluso a preguntarse irónicamente si acaso el próximo paso será la venta de otras áreas protegidas -como los parques nacionales Iguazú o Los Glaciares- con objeto de pavimentar más rutas.
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La legitimidad de esta decisión provincial resulta cuestionable desde el punto de vista legal, porque introduce una nueva forma de violación del Estado de Derecho en el país, en un ámbito que ningún gobernante se había animado a violar hasta ahora: el de las áreas protegidas. Cabe esperar que, en esta oportunidad, quienes piden seguridad jurídica sobre las áreas protegidas estatales sean debidamente escuchados y que la decisión sea finalmente revisada. De lo contrario, se estaría abriendo el camino hacia la venta -igualmente absurda- de otros componentes de nuestro escaso patrimonio natural.
.<< Comienzo de la notaCuando el Estado -ya sea nacional o provincial- decide crear un área natural protegida, su decisión responde al propósito de crear una estructura de preservación permanente. La finalidad es asegurar que los valores naturales del territorio preservado se encuentren disponibles no sólo para las generaciones actuales, sino también para las futuras.
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Los parques y reservas nacionales, provinciales o municipales, son territorios legalmente instituidos a perpetuidad. Conviene destacar, además, que estas áreas son aún muy pocas. La Argentina, con más del 95% de su superficie en manos privadas, aún debe asegurar la conservación de varias zonas claves de su patrimonio natural, como lo señaláramos en una reciente editorial.
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La provincia de Salta parece haber olvidado estos conceptos básicos al decidir poner en venta una reserva natural provincial localizada en Pizarro, en el departamento de Anta. Tras aprobar una ley propuesta por el Ejecutivo provincial -por medio de la cual se desafectó el área de su carácter protegido para venderla con el fin de recaudar fondos para pavimentar una ruta-, ahora la reserva natural provincial ha sido rápidamente puesta en venta, contra la opinión de los pobladores que la habitan y contrariando también el punto de vista de diversas organizaciones no gubernamentales ambientalistas y entidades intermedias de la producción. Esas organizaciones coinciden en señalar que el agro no necesita avanzar sobre las áreas protegidas para aumentar su productividad.
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Más allá de los valores naturales del área que se perderán con esta decisión de las autoridades salteñas, las principales ONG ambientalistas del país -Fundación Vida Silvestre Argentina, Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales- han alertado sobre la pérdida de seguridad jurídica que implicará esa determinación. El tema no es menor, pues se trata del primer caso en el que una provincia argentina decide pasar por alto el estado jurídico asociado a los bienes naturales que integran el patrimonio permanente de la ciudadanía.
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En el pasado, las áreas protegidas sufrieron más de una vez alteraciones en sus límites, con el fin de resolver problemas de uso o de diseño. Sin embargo, en este caso, la decisión de dividir la tierra en lotes más pequeños y venderla rápidamente demuestra que el fin de la desafectación ha sido sólo económico y coyuntural.
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El mes pasado, ante un público compuesto por juristas de todo el país reunidos en Salta, Vida Silvestre y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales expusieron fuertes alegatos contra esa decisión. Llegaron incluso a preguntarse irónicamente si acaso el próximo paso será la venta de otras áreas protegidas -como los parques nacionales Iguazú o Los Glaciares- con objeto de pavimentar más rutas.
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La legitimidad de esta decisión provincial resulta cuestionable desde el punto de vista legal, porque introduce una nueva forma de violación del Estado de Derecho en el país, en un ámbito que ningún gobernante se había animado a violar hasta ahora: el de las áreas protegidas. Cabe esperar que, en esta oportunidad, quienes piden seguridad jurídica sobre las áreas protegidas estatales sean debidamente escuchados y que la decisión sea finalmente revisada. De lo contrario, se estaría abriendo el camino hacia la venta -igualmente absurda- de otros componentes de nuestro escaso patrimonio natural.

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