LUCHA ANTIMINERA
Por RACHA Resistencia Chakayal - Sunday, Jul. 11, 2004 at 12:19 AM
resistenciachakayal@yahoo.com.ar

MORATORISTAS - REFORMISTAS -DEROGATISTAS

MORATORISTAS - REFORMISTAS -DEROGATISTAS

En ánimo de plantear una verdadera lucha antiminera, o de pararse arriba de ella para sacarle provecho, o de coptarla para anularla, distintas han sido las posiciones expresadas por los diversos sectores involucrados en el discurso antiminero.

Una iniciativa, la primera de ellas, fue la de Ley Antientrega o de Moratoria Minera surgida a partir de la propuesta de la IV Regional de Vecinos Autoconvocados.

Frente a ella, otras dos alternativas han salido posteriormente a disputarse la iniciativa: La “reformista” y la “derogatista”.

La reformista, propone reformar las leyes mineras para "mejorarlas". En esta versión, encontramos dos variantes: la de los concejales radicales de Esquel que proponen aumentos de regalías y controles ambientales, y la del ARI-Elisa Carrió, que propone reformas pero aún no ha hecho pública de que tratarían las mismas.

La otra alternativa es la derogatista, que propone lisa y llanamente derogar el marco jurídico minero.

La primera de las propuestas, la moratorista -de la cual soy autor- tuvo tan solo una única oportunidad de ser defendida, con muy poco interés de parte del auditorio en una pequeña reunión convocada para sus miembros (o autoridades) por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel. Ninguno de los letrados de esa agrupación, presenció la exposición ni tampoco me invitó a debatir o hacerme llegar críticas a la misma. Sí en cambio me llegaron sus opiniones por otras vías. En la reunión a la que fui invitado gratuitamente a exponer y no hubo letrado alguno, el argumento más contundente para convencerme de que no se apoyaría la iniciativa, era que la misma no había salido de Esquel (Al menos fueron sinceros). La RENACE también miró para el costado ante la propuesta. Sólo ambientalistas aislados, organizaciones piqueteras, algunas de izquierda y algunas sindicales apoyaron la moción. El tratamiento de la ley se proponía imponer por iniciativa popular. El agotamiento de ese procedimiento luego del ejercicio del mismo por parte del fenómeno Blumberg restó posibilidades de entusiasmo a tal vía, pero no impidió que se presentara a legisladores, algunos de los cuales la recibieron, pero no la apoyaron.

Aún espero en vano la oportunidad de defender mi propuesta, frente a argumentos de otros colegas o interesados.

La alternativa reformista es, en mi opinión, la más cercana a los intereses del lobby minero. Acepta el megaplan minero como un irrebatible e indiscutible hecho consumado, al cual sólo hay que sacarle la mayor cantidad de migajas (regalías), maquillado de un control estatal que, sabemos, ha fallado en USA (Sumitville) y es inexistente en la Argentina (Río Turbio, Mina Ángela, etc. etc.). Es el viejo debate que se dio al inicio de la lucha de Esquel, y del cual en reacción a esta línea de pensamiento se acuñó en 2001 la expresión: "Nada de controles: No a la mina", sintetizada en el famoso NO A LA MINA de carteles y remeras.
La línea reformista, cuyos voceros se preocupan en aclararle al poder real que no se está contra la minería, se funda en los argumentos del "desarrollo sustentable" y en la idea impuesta en el período menemista de que no se puede seguir con actitudes de los '70 (Como si la globalización hubiera amainado). Esto es, se inspira en fundamentos que consagran la aceptación y la resignación a vivir en una sociedad chata y corrupta, que no tiene ninguna intención de corregirse ni intentar un sistema mas justo. Las propuestas reformistas, a mi juicio, no nos protegen ni de la contaminación ni del saqueo, sino que son facilitadoras de ambos y funcionales a los intereses pro-mineros.

La alternativa derogatista, en sus aspiraciones, no es muy distinta de la iniciativa moratorista: apunta a parar el saqueo e impedir la contaminación.
La alternativa derogatista nace de estas mismas buenas intenciones pero se diferencia de la moratorista, porque contiene dos "virus" ocultos que la hacen potencialmente peligrosa y contraproducente.
Tales son el peligro de entrar en el camino del debate de si habrá o no que indemnizar, a quienes hubieran adquirido derechos mediante la vigencia de las leyes a derogar. (La primer iniciativa moratorista, previendo ello, trató de no entrar en ese terreno de discusión que asusta a la gente -"Ohohohoooo..., ...Vá a haber que indemnizar a la mineras..." como predicaba y asustaba un "reconocido" jurista porteño financiado por la Asamblea para disertar en Esquel-. Es por eso que la iniciativa moratorista escogió la "suspensión" del ejercicio de las actividades minera que nos ocupan. De este modo, no se prohíben ni se confiscan derechos. Se suspende la actividad por cincuenta años -igual como ocurre con el Tratado Antártico-. De esta manera no media confiscación de derechos, sino una suspensión de actividad sujeta al principio de precaución ambiental y a una necesidad de orden público: garantizar la salud de la población).

El otro "virus" de la alternativa derogatista reside en que ésta propone derogar los promocionales beneficios tributarios a la industria minera: Pero no detiene la actividad. Los mismos argumentos para fundarla (Que el Norte agotó sus recursos y por eso vienen a buscarlos aquí) sirve para fundamentar que aún sin beneficios de promoción minera, ante la necesidad de minerales, estarían dispuestos a pagar devaluados impuestos para venir por todo (si es que en Argentina las grandes empresas pagan impuestos). La propuesta derogatista resulta limitada para afectar otros beneficios que estimulan la actividad minera en Argentina: El dúmping social generado por los altos niveles de desocupación y su consecuente bajísimo nivel de salarios; la no vigencia del Convenio Nº 176 de la OIT sobre Seguridad de Trabajo en Minas; la burocracia sindical que ahoga las demandas de mejores condiciones de trabajo; la falta de controles serios en materia laboral y ambiental; los altos niveles de corrupción que permiten a los concentradores de capital eludir cualquier norma son algunos de los aspectos tanto o mas atractivos para los mineros que las exenciones impositivas que lograron con las reformas, financiadas con endeudamiento externo al Banco Mundial, en los gobiernos justicialistas y de la Alianza UCR - Frepaso en los últimos 10 años.

Tanto las alternativas reformistas como la derogatista no abordaron problemáticas conexas: Las reservas de agua, el problema de las Reservas Naturales Estrictas de los Parques Nacionales que continúan bajo la débil tutela de un Decreto, y las propiedades estratégicas, que sí han sido tratadas en la iniciativa moratorista.

Aún no han circulado por Internet textos de proyectos reformistas o derogatistas. El único texto de proyecto que ha circulado al respecto es el de la propuesta moratorista (Ley Antientrega). Sería interesante que las demás alternativas fueran más perseverantes en sus trabajos e hicieran circular los textos de una labor concreta.

Pero aún careciendo de textos de las alternativas, lamentablemente no se ha dado un espacio para el debate serio al respecto.

A quienes propusimos la Ley Antientrega se nos condena o se nos tilda de autoritarios o intolerantes cuando criticamos abiertamente, cuando denunciamos una financiación espuria o cuando señalamos un "robo" de esfuerzo ajeno. Pero nuestras propuestas no nos han sido cuestionadas abiertamente, sino que son atacadas por en la mediocridad del descrédito en los "pasillos" o de los e-mails "privados", sin darnos la posibilidad de rebatir fundando nuestras ideas y propuestas.

Principalmente, no se ha dado el debate por prevalencia de la lucha de vedettes, de la lucha por espacios, por cartel, por etiquetas, por el robo de ideas, de esfuerzos y trabajos auténticos, por la vanagloria o la defensa de los robos de los "amigos" (nuestro trabajo no merece el reconocimiento "...por que importa 'qué' sino 'quien'...", pero sí importa el "quien" de los que roban trabajo ajeno).

No se ha dado el debate serio por la pequeña política de las diversas localidades, por la lucha por espacios que justifiquen los financiamientos exógenos a las organizaciones involucradas (tanto los fondos sanos como los espurios). No se da el debate para que no crezca nadie que pueda venir a exigir rendición de cuentas de financiaciones y fondos recibidos. No se da el debate por el manipuleo de discursos y en el fondo y el trasfondo: Por la clarísima acción del lobby minero, de los gobiernos y de las organizaciones financiadas por el Banco Mundial, ese gran promotor y financista de las leyes cuestionadas (U$S 39,5 millones de deuda de capital más intereses).

Si entre quienes se llaman ambientalistas o antimineros, o antiglobalizadores, o antientrega, no estamos dispuestos a debatir con idea propias que carajo hacer con nuestros recursos mineros, nuestra agua y nuestro ambiente, entonces ¿que podemos esperar de un Parlamento Banelco como el que impone la legislación en la Argentina?.

Mientras algunos luchan por mantener sus fondos a costa del cianuro, y otros se empeñan en pasar a la posteridad siendo recordados después de muertos con su apellido designando la escombrera de alguna mina o algún dique de cola, cabe preguntarse:

¿Tendrá futuro una Argentina que se comporta así?

¿Lo merecerá...?

Dr. Cristian HENDRICKSE
Abogado
Postgrado en Derecho Ambiental
Autor del Proyecto de Ley Antientrega
Autor de los Proyectos de las 1º Ordenanzas Prohibitivas del Cianuro en el Hemisferio Sur
Secretario de la AOCP (Asociación Ornitológica Cuenca del Puelo - Asociación miembro de la RENACE - Red Nacional de Acción Ecologista)
Co-Vocero de RACHA (Resistencia Antiminera "Lonko Chakayal")

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